La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, los ministros resolvieron suspender sin goce de sueldo a las magistradas de Pedro Juan Caballero Carmen Silva y Ana Aguirre, tras la información obtenida del celular del exdiputado Lalo Gomes.
En una sesión extraordinaria celebrada este viernes, los ministros de la CSJ resolvieron la suspensión de las juezas penales Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, quienes ejercían funciones en la ciudad de Pedro Juan Caballero. La decisión, adoptada a partir de las 19:40 horas, responde a su supuesta implicación en «presuntas conductas ilícitas como asociación criminal para todo tipo de hecho punible grave, entre ellos crímenes y sicariato».
La ministra María Carolina Llanes fue quien presentó la moción para suspender a las magistradas, resaltando la gravedad de los hechos expuestos a raíz del análisis de los mensajes hallados en el teléfono celular del exparlamentario Lalo Gomes, quien falleció durante un allanamiento en su domicilio. Llanes también solicitó que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para su investigación.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón, al respaldar la propuesta de Llanes, advirtió que los hechos denunciados «atentan contra la Justicia» y subrayó la necesidad de tomar medidas drásticas para preservar la integridad del sistema judicial. «Hablamos increíblemente de la participación de magistradas en obstrucción de la persecución penal, hasta de posible prevaricato (…) Está en juego el futuro de la República, si no actuamos de esta manera ¿para qué estaríamos?», expresó durante la sesión.
“Si bien hubo intervención inmediata del Ministerio Público, eso no quita la responsabilidad a la CSJ, pues se trata de hechos cometidos por magistradas. Por consiguiente, me adhiero a las propuestas realizadas por la Ministra Carolina Llanes y pido que la denuncia que haga la Corte a la Fiscalía sea clara, directa, expresa y contundente” dijo el Ministro Jiménez Rolón.
Además de ello, teniendo en cuenta que la denuncia que dio inicio a la investigación abierta por el Ministerio Público sobre posibles hechos de corrupción pública, fue realizada por un magistrado judicial y ante el peligro que podría correr, desde la misma CSJ solicitaron al Ministerio del Interior y a la comandancia de la Policía Nacional reforzar la guardia del Juez Osmar Legal y solicitó a la SENABICO que, de contar con un vehículo blindado disponible, el mismo sea utilizado para la seguridad del Juez.
La decisión de la Corte Suprema refleja la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en distintas esferas del Poder Judicial y marca un precedente en la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia. Se espera que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de las juezas suspendidas en los hechos señalados.
