La Sala Penal de la Corte sigue con el cajoneo de un caso emblemático de corrupción pública. Hace más de un año que se encuentra paralizado, «durmiendo el sueño de los justos», el recurso de casación planteado por el extitular del Indert, Justo Pastor Cárdenas, contra su condena de siete años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Ya en marzo de 2024 se presentó el recurso extraordinario contra el fallo del Tribunal de Apelación que, en fecha 5 de marzo del año pasado, confirmó la sentencia de siete años de cárcel. ¿Cuál es el motivo por el cual la Sala Penal de la Corte cajonea tan significativo caso?, que definitivamente posicionaría a la justicia en una lucha frontal contra los hechos de corrupción pública. No se comprende, no se explica y es hasta sospechosa la no expedición de la sala.
Recordemos que se probó en juicio que Cárdenas y su familia no pudieron justificar la suma de G. 4.164 millones de diferencia que se encontró en su poder, demostrando que se enriqueció ilícitamente estando en la función pública. En la causa ya está firme el comiso por G. 3.200 millones, representados en bienes como un departamento, un inmueble en Luque, zona Rakiura, con cuatro dúplex construidos, además de acciones en la firma Agroindustrial Ganadera JPC S.A., por valor de G. 600.000.000, y la suma de USD 180.700.
