La Coordinadora de Víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” cuestionó públicamente el uso de recursos públicos por parte de la Corte Suprema de Justicia, tras conocerse datos vinculados a la reciente renovación de su flota vehicular. La organización solicitó la intervención de los órganos de control y la apertura de investigaciones que permitan determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el proceso de adquisición.
De acuerdo con la información difundida por la Coordinadora, la máxima instancia judicial habría destinado más de Gs. 5.161 millones para la compra de nueve camionetas consideradas de alta gama. Según el análisis presentado, el monto adjudicado superaría de manera significativa los valores de referencia del mercado, lo que, a criterio de la organización, amerita una verificación exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República.
El colectivo sostiene que la diferencia entre el precio abonado y el valor comercial de los vehículos podría representar una sobrefacturación aproximada de USD 20.000 por unidad, lo que elevaría el eventual perjuicio patrimonial a unos USD 180.000. Sobre este punto, remarcan que corresponde a las instituciones competentes confirmar o descartar estas estimaciones mediante auditorías técnicas y financieras.
En ese contexto, la Coordinadora instó al Ministerio Público a analizar los antecedentes del caso y evaluar la eventual configuración de hechos punibles como lesión de confianza u otros delitos contra el patrimonio público. Asimismo, señalaron que, de comprobarse responsabilidades, los funcionarios involucrados deberían ser sometidos a los procesos legales previstos en la normativa vigente.
Finalmente, el pronunciamiento pone en contraste la inversión realizada en bienes de uso institucional con la situación que, según afirman, atraviesan numerosos juzgados del país, donde persisten carencias estructurales, limitaciones operativas y demoras procesales. Desde la organización sostienen que estas condiciones impactan directamente en el acceso efectivo a la justicia de personas afectadas por presuntos esquemas de estafa procesal, motivo por el cual reiteraron su pedido de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.
