Un allanamiento desarrollado con el objetivo de localizar a la prófuga Nélida Huéspe de Peralta derivó en la detención circunstancial de Celina Villalba, quien cuenta con una condena firme de 2 años y 6 meses por lesión de confianza en perjuicio de la Asociación Central de Jubilados.
Sin embargo, tras su aprehensión, la fiscal interviniente María José Pérez dispuso que la mujer recupere su libertad en atención a la existencia de una apelación pendiente contra la orden de captura dictada por el Juzgado de Ejecución.
Villalba, condenada por lesión de confianza tras el desfalco de más de Gs. 1.200 millones en perjuicio de la Asociación Central de Jubilados, fue hallada en su vivienda durante la búsqueda de Huéspe de Peralta. Tras ser identificada y aprehendida por la Policía, agentes del procedimiento remitieron el caso a la fiscal María José Pérez, quien optó por permitir que la mujer recuperara su libertad alegando que existía una impugnación pendiente contra la orden de captura dictada por el Juzgado de Ejecución.
Cabe mencionar que, al momento de la aprehensión, Celina Villalba intentó egañar a los agentes de la Policía Nacional y fingió ser otra persona.
La decisión fiscal generó indignación en la representación jurídica de la organización afectada. El abogado Rodrigo Yódice calificó la actuación como “un apartamiento grave del procedimiento”, recordando que el Código Procesal Penal (CPP) es explícito al señalar que la interposición de un recurso no suspende la ejecución de las medidas, incluida la orden de prisión. Sostuvo que en ningún supuesto una apelación relativa a medidas cautelares tiene efecto suspensivo, por lo que la detención de Villalba debió culminar con su reclusión en un establecimiento penitenciario.
Según el planteamiento de la querella, la Fiscalía contaba con todos los elementos legales para ejecutar la orden de captura vigente. Asimismo, Yódice insistió en que la detenida incluso intentó engañar a los agentes presentándose como la prófuga Huéspe de Peralta, lo que a su criterio reforzaba la necesidad de garantizar su aseguramiento procesal.
Celina Villalba, también conocida como fue condenada por utilizar de manera injustificada fondos pertenecientes a los jubilados, ocasionando un perjuicio patrimonial superior a los Gs. 1.240 millones. La sentencia, dictada a inicios de este año, debía ejecutarse de inmediato. Sin embargo, sucesivas apelaciones y pedidos de revisión han dilatado su remisión al sistema penitenciario, situación que se prolonga pese a la firmeza de la condena.
El Ministerio Público sostiene que la apelación presentada contra la orden de captura debía ser revisada antes de ejecutar la medida, postura que contrasta con la interpretación doctrinaria de la querella y con la línea jurisprudencial reiterada por tribunales de alzada, que enfatizan que ningún recurso suspende la ejecución de medidas cautelares dispuestas por un juez competente.
