La abogada y activista social María Esther Roa cuestionó la actuación del fiscal Aldo Cantero en el marco de la denuncia presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) contra exautoridades académicas de la Universidad Sudamericana, vinculadas al otorgamiento del título de abogado del senador Hernán David Rivas.
La activista sostuvo que el representante del Ministerio Público intentó desestimar la causa sin haber desarrollado una investigación suficiente, lo que motivó críticas desde el sector denunciante. En ese sentido, valoró la decisión judicial que dio trámite de oposición al pedido fiscal, así como la posterior rectificación impulsada por el fiscal adjunto Augusto Salas.
Según Roa, la denuncia fue presentada el 15 de septiembre del año 2025 y, a su criterio, no se realizaron diligencias esenciales antes de intentar cerrar el caso. “Prácticamente sin iniciar la investigación, sin colectar todas las pruebas, se cerró la causa”, expresó, al tiempo de señalar que la nueva etapa abre la posibilidad de profundizar el análisis de los hechos.
La causa se centra en la validez del título de abogado atribuido al senador Rivas, cuya obtención fue cuestionada por los denunciantes. En ese contexto, Roa remarcó que es necesario esclarecer si el documento reúne los requisitos legales o si existen irregularidades en su expedición.
La denuncia penal apunta principalmente contra el exministro de Educación Eduardo Peta San Martín, así como contra Óscar Rodríguez Kennedy y Euclides Acevedo, quienes, según la presentación, habrían tenido intervención en la validación del título cuestionado. De acuerdo con lo expuesto por la activista, los denunciados habrían participado en la emisión o aval de certificaciones académicas en el marco institucional de la universidad, lo que, de comprobarse irregularidades, podría derivar en responsabilidades penales.
Roa señaló que la expectativa de los denunciantes es que, a partir de la rectificación del pedido de desestimación, el Ministerio Público avance en la recolección de pruebas y determine si existe un posible concurso de hechos punibles, lo que incluso podría incidir en la eventual prescripción de la causa.
En sus declaraciones, también subrayó que el caso representa una instancia clave para el sistema de justicia, al sostener que la investigación sobre el título del legislador constituye “una prueba de fuego” para las instituciones encargadas de impartir justicia en el país. En ese contexto, dirigió un mensaje tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Fiscalía General del Estado, instándolas a garantizar un proceso transparente y exhaustivo que permita esclarecer los hechos y evitar la impunidad.
Asimismo, planteó la posibilidad de que la Fiscalía recurra a instancias superiores mediante un recurso de casación, con el objetivo de que la causa pueda ser revisada y eventualmente debatida en un juicio oral y público, considerado el escenario adecuado para dilucidar responsabilidades.
Finalmente, la abogada cuestionó lo que calificó como una falta de atención del Ministerio Público hacia las denuncias impulsadas por la organización que integra, aunque destacó antecedentes en los que presentaciones similares derivaron en procesos relevantes dentro del sistema judicial.
