Culminó la audiencia para estudiar la reposición que planteó la Fiscal Patricia Sánchez contra la decisión del Juez Raúl Florentín que admitió la imputación contra el senador Hernán Rivas (ANR). La agente cuestiona puntualmente que se haya fijado como fecha para presentar acusación (u otro pedido) el 19 de julio. Solicita que se deje sin efecto dicho plazo y se otorgue 6 meses para que la fiscalía pueda investigar al legislador
La Fiscal Patricia Sánchez refirió que se ven «constreñidos» con un plazo tan exiguo como el otorgado (9 días hábiles). Además, señala que cuando se admite la última imputación recién se materializa el inicio del proceso formal. Por otro lado, refirió que citaron al legislador para la próxima semana, de manera que pueda brindar su declaración indagatoria. En cuanto a la audiencia de hoy, el juzgado solicitó al Ministerio Público que remita el expediente fiscal, luego resolverá en un plazo de 3 días el planteamiento en torno al plazo.
“Nosotros repusimos esa porción de la providencia que fija el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, ya que la imputación nunca adquirió formalidad procesal porque, las veces que se admitió se revocó posteriormente por la Cámara de Apelaciones, entonces formalmente nunca hubo un inicio de etapa preparatoria” explicó.
Agregó que la semana pasada la Fiscalía General del Estado volvió a notificar la existencia de sospecha con relación a los documentos presentados por el legislador, por lo que volvió a pedir seis meses de investigación, de manera expresa, en el dictamen emitido. Esto debido a que, a entendimiento del Ministerio Público, como la etapa preparatoria no inició nunca de manera formal porque la imputación siempre fue revocada en segunda instancia, ahora, al ser admitida la imputación de la Fiscalía General, se debe otorgar más tiempo para presentar el requerimiento conclusivo y no nueve días como pretende el juzgado de garantías.
“Acá lo que corresponde es, al tener por admitida una imputación es donde inicia la etapa preparatoria y lo que corresponde son seis meses de investigación fiscal. Esto incluso podría ser violatorio al derecho a la defensa, porque no solo deja huérfano de plazo al Ministerio Público para poder solicitar informes o realizar otras diligencias. Todo tiene un plazo, todo tiene su tiempo. Si la defensa me pide diligencias que hacen a su descargo ¿en qué plazo las voy a realizar?” dijo Sánchez.
