El Tribunal de Apelación confirmó a la juez de garantías Lici Sánchez en la causa contra 6 acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas que fue desarticulado en el Operativo Dakovo. Según el Tribunal, la recusación es infundada y, con esta decisión nuevamente hay vía libre para señalar una nueva fecha para la audiencia preliminar.
El abogado Carlos Torres, defensor de Paulo César Fines Ventura, solicitó apartar a la magistrada alegando parcialidad en sus actuaciones, específicamente en el rechazo de medidas alternativas solicitadas por la defensa. Torres invocó el inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, que contempla el «temor de parcialidad» como causal de recusación.
No obstante, la Alzada determinó que el argumento presentado carece de fundamentos válidos y se basa en una apreciación meramente subjetiva. En su resolución, se destaca que el rechazo de una medida cautelar no constituye prueba suficiente de parcialidad y que la disconformidad con decisiones judiciales no habilita automáticamente el apartamiento del magistrado interviniente.
En la opinión del Camarista Arnulfo Arias se dejó en claro que el inciso 13 del artículo 50 está diseñado para situaciones personales que afecten directamente la imparcialidad del juez y no puede ser invocado por las partes para cuestionar resoluciones desfavorables. Esta postura fue respaldada por las magistradas Andrea Vera y Claudia Criscioni.
Como consecuencia, la Cámara resolvió no hacer lugar a la recusación y ordenó que las costas del proceso recaigan sobre el recurrente. Asimismo, el expediente fue remitido nuevamente al Juzgado Penal de Garantías de Crimen Organizado, segundo turno, para la prosecución del trámite judicial.
