El Tribunal de Apelación confirmó la resolución de la Juez Lici Sánchez que mantuvo la prisión preventiva de Paulo César Fines, acusado por presuntamente integrar un esquema de tráfico de armas que fue desbaratado en el operativo Dakovo.
«Se constata en autos la gravedad del perjuicio causado, y los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho punible sostenidas por el titular de la acción pública, en los cuales expresa que existen hechos suficientes e ineludibles para suponer la existencia del peligro procesal de fuga», refiere el fallo.
Fines Ventura está acusado de múltiples delitos relacionados con tráfico ilícito de armas de fuego, asociación criminal y alteraciones de datos relevantes, entre otros. La causa, catalogada dentro del fuero especializado en crimen organizado, también incluye una solicitud de extradición por parte de la justicia brasileña, lo que refuerza las medidas cautelares adoptadas.
La defensa alega que la prisión preventiva es desproporcionada, considerando que el imputado ya habría cumplido el tiempo mínimo estipulado para el tipo de delito imputado. Además, se cuestionó la aplicación del artículo 239 del Código Penal, sugiriendo que el tiempo que Fines Ventura lleva detenido excede lo previsto para este tipo de casos. El abogado defensor también sostuvo que no existen indicios claros de peligro de fuga ni obstrucción a la investigación, presentando documentación que acredita el arraigo familiar de su representado.
La Alzada determinó que la decisión inicial del Juzgado Penal de Garantías se ajustó a derecho, señalando que persisten los presupuestos legales que justifican la medida de prisión preventiva, conforme a los artículos 242, 243 y 244 del Código Procesal Penal.
El Ministerio Público argumentó que el riesgo de fuga sigue siendo alto, especialmente considerando la gravedad de los hechos imputados y la solicitud de extradición vigente. La liberación del procesado, según los fiscales, podría comprometer tanto el curso del proceso penal nacional como las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
El Tribunal de Apelaciones ratificó que la medida cautelar no debe interpretarse como una sanción anticipada, sino como un mecanismo para garantizar la comparecencia del imputado durante el juicio. Asimismo, resaltó la gravedad de los delitos atribuidos a Fines Ventura y el impacto que estos han tenido en el sistema. La prisión preventiva se mantendrá mientras se sustancia la audiencia preliminar, programada para una etapa procesal posterior. Este fallo refuerza la postura de las autoridades judiciales frente a delitos de alto impacto, como el crimen organizado y el tráfico de armas.
