Inició la audiencia preliminar para 6 acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas que fue desarticulado en el Operativo Dakovo, llevado adelante en el año 2023. En dicha diligencia se resolverá si la causa se remite o no a juicio; el Fiscal Francisco Cabrera se ratificó en la acusación.
En el marco del Operativo Dakovo, se llevaron a cabo 20 allanamientos en el Paraguay, en Alto Paraná y Central; 20 allanamientos en el Brasil, en seis de sus Estados y 1 allanamiento en la Ciudad de Kansas, en Estados Unidos. En el centro de la investigación se encuentra la Empresa Internacional Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, cuyo presidente Diego Dirisio, de nacionalidad argentina, junto a su pareja Julieta Nardi, serían los líderes de la estructura criminal.
También fue intervenida la sede central de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL). Aparentemente varios militares, algunos de alto rango, formarían parte de las personas detenidas, uno de ellos el excomandante y General de Aire Arturo González. En el marco de este operativo denominado Dakovo, se logró determinar la activa participación de estas personas en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas, así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.
Mediante conexiones con la DIMABEL, la empresa IAS tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y su posterior venta. Seguidamente los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil.
Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos casos éstos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
De manera a que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de «doleiros» que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos «pulverizaban» grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5 mil dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos.
