El juez de garantías Osmar Legal resolvió levantar la prisión preventiva y ordenar la inmediata libertad del general en situación de retiro Jorge Antonio Orué Roa y del coronel Bienvenido Santiago Fretes González, en el marco de un proceso de extradición impulsado por la justicia de Brasil por presunto tráfico internacional de armas.
La decisión judicial se produjo tras la incorporación de comunicaciones oficiales remitidas por la vía diplomática, en las que el Estado brasileño informó que ya no persiste su interés en la extradición de ambos militares, luego de que fueran absueltos por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región. En consecuencia, el pedido de cooperación internacional perdió sustento jurídico.
Durante la audiencia de revisión de medidas, las defensas sostuvieron que la absolución dictada en Brasil y la desaparición de la pretensión punitiva del Estado requirente eliminan los presupuestos legales que justificaban la prisión preventiva, al no existir proceso vigente ni condena que ejecutar.
El Ministerio Público, tras analizar la documentación oficial remitida, se allanó a la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares, aunque señaló la necesidad de verificar el cierre definitivo del pedido de cooperación internacional por las vías diplomáticas correspondientes.
El magistrado consideró que la prisión preventiva, como medida excepcional, debe sustentarse en la existencia de riesgos procesales vigentes. En este caso, al desaparecer el interés del Estado requirente, la continuidad de la reclusión resultaba desproporcionada y carente de fundamento jurídico.
En consecuencia, el juzgado dispuso sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas de carácter ambulatorio, entre ellas la fijación de domicilio, la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial y la prestación de caución juratoria.
Asimismo, se ordenó la inmediata libertad de ambos procesados, sin perjuicio de otras eventuales restricciones que pudieran derivarse de causas distintas. La resolución también prevé la remisión de antecedentes al Ministerio Público y la continuidad de las diligencias para el cierre formal del proceso de cooperación internacional.
