El exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, prestó declaración este martes ante el Tribunal de Sentencia que lo juzga por un supuesto perjuicio patrimonial de Gs. 867.087.725 en perjuicio de 31 personas vinculadas a operaciones de la empresa Mocipar.
Durante su exposición, el acusado presentó documentos con los que busca demostrar que en el año 2017 se desvinculó formalmente del grupo empresarial, tras vender sus acciones y renunciar a toda participación societaria junto con su esposa. Según sostuvo, al momento de esa operación la empresa contaba con solidez financiera y liquidez, respaldadas, afirmó, por un dictamen pericial incorporado a la causa.
Durand manifestó que las decisiones adoptadas con posterioridad a su salida ya no estuvieron bajo su control, por lo que considera que no puede ser responsabilizado por hechos ocurridos después de la transferencia de sus acciones.
Asimismo, señaló que parte de las acusaciones actuales se basan en hechos que, a su criterio, ya fueron aclarados en investigaciones anteriores relacionadas con supuesta declaración falsa y otros hechos punibles. En ese sentido, aseguró que dichas denuncias fueron promovidas por las mismas personas que hoy figuran como querellantes en el proceso.
En otro tramo de su declaración, el exministro relató que en el año 2015 obtuvo un crédito de Gs. 2.000 millones del Banco Continental, del cual Gs. 1.000 millones fueron destinados a fortalecer la liquidez de empresas del grupo Mocipar.
Indicó que esa operación fue formalizada mediante acta de directorio y que existen informes de la sindicatura y del propio banco que acreditan el depósito de dichos fondos en una cuenta de Mocipar Automotores. Según afirmó, estos documentos contradicen la hipótesis del Ministerio Público respecto a un presunto faltante de recursos.
Durand también expresó que intentó en varias oportunidades explicar estos antecedentes al Ministerio Público. Agradeció la apertura de los fiscales que actualmente intervienen en la causa, aunque cuestionó el desarrollo inicial de la investigación y afirmó que, en dos ocasiones, él y su esposa solicitaron ser recibidos por la entonces fiscal del caso Alba Del Valle, sin obtener respuesta.
Finalmente, sostuvo que la complejidad del sistema de capitalización utilizado por el grupo empresarial pudo haber dificultado la comprensión integral de la operatoria, lo que, a su entender, derivó en interpretaciones erróneas sobre su actuación. El juicio oral continúa con la incorporación de más pruebas y los alegatos de las partes.
