El exministro del MUVH Dany Durand Espínola y su excolega en la empresa Mocipar, Fernando Román Fernández, enfrentarán un segundo juicio oral y público tras ser acusados de estafa por parte de la fiscal Patricia Sánchez. La acusación se basa en un presunto perjuicio cercano a Gs. 11.660.000, cometido a una clienta que pagó bajo el programa denominado “Departamento Fácil” sin recibir nunca lo prometido.
La decisión de elevar la causa a juicio fue adoptada por el juez de Garantías Mirko Valinotti, quien desestimó los incidentes presentados por las defensas como la apelación y la excepción de cosa juzgada y determinó que el proceso se sustancie en audiencia oral. En paralelo, el Tribunal de Apelaciones ya había confirmado esa elevación, reforzando el avance del caso en el sistema judicial.
Este nuevo proceso se suma a otro juicio oral que Durand ya enfrenta por otros hechos relacionados a Mocipar, en los que se investigan delitos como estafa, lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza y defraudación al erario. Según el Ministerio Público, el esquema implicó un perjuicio económico de más de Gs. 867 millones a más de 30 víctimas.
La fiscal Patricia Sánchez sostuvo que existe un informe de la Conajzar que demuestra que Mocipar operaba sin permiso para realizar actividades de juegos de azar, lo cual refuerza la acusación sobre la naturaleza fraudulenta del contrato bajo el programa “Departamento Fácil”. La fiscal señaló además que el contrato mismo contiene “declaraciones falsas” y, por lo tanto, configura estafa, aunque exista una firma.
El caso refleja una práctica recurrente, en la que los clientes pagaron cuotas entre julio del año 2011 y octubre del 2018, pero nunca recibieron el departamento prometido y fueron convencidos de firmar nuevos contratos para mantener sus aportes, lo que sugiere un patrón de manipulación sistemática.
Mientras tanto, en otras causas relacionadas con Mocipar, el fiscal adjunto Augusto Salas solicitó el sobreseimiento definitivo de Durand y otros exdirectivos al considerar que no existen pruebas suficientes que avalen el carácter delictivo de sus acciones. Esta postura ha sido muy cuestionada por parte de las víctimas, cuyos representantes han anunciado medidas como solicitar auditorías al Ministerio Público.
