El Procurador General de la República, Marco Aurelio González Maldonado, se mostró conforme y a la vez optimista a raíz de la sanción impuesta a los dos abogados, que fueron declarados litigantes de mala fe por resolución de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz.
El procurador fue contundente en sostener que la finca 916 es de propiedad del Estado paraguayo, es decir, no del gobierno de turno, o de un movimiento político sino más bien de todos los paraguayos. Por esta razón, desde la Procuraduría no se descansará hasta que definitivamente todas las demandas planteadas a fin de recuperar la zona conocida como «Jardines de Remansito» sea devuelta a sus legítimos propietarios.
El título de propiedad inscripto válidamente en los Registros Públicos establece que el Estado paraguayo es el legítimo propietario y no aquellos ocupantes, que hasta el momento se dedicaron a poner palos en la rueda del proceso, sencillamente porque no tienen forma alguna de discutir la propiedad.
Recordemos que la jueza Ruiz Díaz resolvió que el actuar y la conducta de los abogados Ricardo Balestrin Fontes y Leticia Magalí Cáceres transgredió el art. 53, inc. d), del Código Procesal Civil, incurriendo en el ejercicio abusivo del derecho.
