Los jueces de garantía Francisco Acevedo y Clara Ruiz Díaz decretaron la prisión preventiva del peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien fue detenido anoche en San Lorenzo. Guardará reclusión en el Modulo 8 de Máxima Seguridad del Penal Martin Mendoza de Emboscada, tras no aceptar la extradición abreviada.
El procedimiento contó con la asistencia del defensor público Horacio Caballero y con la documentación remitida por la justicia del Perú, donde Moreno es requerido por el presunto delito de robo agravado. El expediente indica que la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia envió en marzo pasado los documentos necesarios para activar el proceso de extradición en Paraguay.
Con base en el tratado vigente entre ambos países y las normas procesales locales, el juez consideró procedente la prisión preventiva en tanto se tramita la entrega del imputado. La decisión se funda en los artículos 149 y 150 del Código Procesal Penal, que facultan al magistrado a ordenar la detención preventiva de extraditables cuando se verifiquen los requisitos formales.
El fiscal interviniente, Giovanni Grisetti, solicitó expresamente que Moreno Hernández sea recluido en un penal de máxima seguridad, argumentando que el extraditable tiene un “alto perfil criminal” y que esa medida resulta indispensable para garantizar tanto su custodia como la seguridad institucional. Atendiendo a esa petición, el juez ordenó su traslado al Módulo 8 del Penal Martín Mendoza de Emboscada, considerado uno de los pabellones más estrictos del país, donde permanecerá en libre comunicación con su defensor, pero bajo vigilancia especial.
Moreno Hernández, de profesión panadero, habría participado en un robo agravado en Perú que motivó la orden de captura internacional. El proceso de extradición se inició cuando la justicia peruana remitió las copias de la sentencia y las pruebas que sustentan la imputación. En Paraguay, el ciudadano fue aprehendido el 24 de septiembre de este año y presentado ante el Juzgado de Garantías para su identificación y notificación de derechos. La Corte Suprema ya libró los oficios pertinentes para informar a las autoridades peruanas del cumplimiento de la medida.
La resolución dispone también que la autoridad penitenciaria comunique cualquier modificación del lugar de reclusión del imputado en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de ley. Esto busca evitar traslados irregulares o incidentes que puedan entorpecer el proceso de extradición. La Fiscalía de Asuntos Internacionales seguirá de cerca la causa para asegurar que se respeten los plazos y las garantías procesales hasta la entrega del requerido.
