El juicio oral por el caso de presunta estafa a exfutbolistas que involucra a los procesados María José Arce Oddone y Pablo Suárez inició esta semana con la presentación de cuestiones incidentales y las primeras declaraciones testificales. El abogado Francisco De Vargas, representante legal de Arce Oddone, sostuvo que la causa está mal encuadrada en el ámbito penal y que, desde el inicio, debería haber sido tratada como un conflicto estrictamente civil y contractual.
De Vargas destacó que ya en el primer día de juicio quedó expuesto, a través de los testigos, que la controversia gira en torno al incumplimiento en la entrega de departamentos cuya construcción quedó paralizada por motivos ajenos a la voluntad de los acusados. Según explicó, la obra se encuentra detenida debido a demandas, querellas y disputas contractuales con exsocios del emprendimiento inmobiliario, lo que impide la culminación del edificio en el que se encuentran las unidades comprometidas.
El abogado insistió en que los acusados no cometieron ningún hecho punible y que, por el contrario, son quienes han resultado más perjudicados por la compleja red de litigios que afectó la construcción. “Este es un asunto que debe resolverse en sede civil”, afirmó, cuestionando que sus defendidos enfrenten un proceso penal y la consecuente exposición mediática y afectación familiar.
La Fiscalía sostiene que existió un perjuicio patrimonial contra tres compradores que realizaron pagos sin recibir los departamentos adquiridos. Sin embargo, De Vargas rebatió que no puede hablarse de estafa mientras la obra no haya sido finalizada y recordó que la determinación de un eventual perjuicio económico corresponde exclusivamente al fuero civil, una vez que los impedimentos judiciales permitan continuar con la construcción.
El defensor también resaltó que los acusados han cumplido con las obligaciones contractuales previstas para casos de atraso. Señaló que los compradores recibieron pagos de entre USD 30.000 y USD 50.000 en concepto de multa por demora y destacó que uno de ellos, Osmar Molina, llegó incluso a un acuerdo mediante el cual cobró USD 209.000, pese a haber abonado originalmente USD 166.000 por su departamento.
De Vargas explicó que los otros dos querellantes también recibieron multas, pero mantienen pretensiones económicas que, según la defensa, exceden los montos realmente invertidos. Indicó además que los fondos provenientes de las compras están integrados en la obra, avanzada aproximadamente en un 75% cuando quedó paralizada judicialmente, por lo que no existe disponibilidad financiera inmediata para devolver el dinero.
Respecto a la acusación fiscal de que los procesados habrían transferido propiedades de manera irregular, el abogado negó categóricamente esa versión. Aclaró que la transferencia realizada fue para integrar una sociedad responsable de concluir el edificio y que los compradores estaban al tanto de la conformación de esa empresa desde el inicio, visitando la obra periódicamente para conocer el avance de sus unidades.
Según los testigos que declararon en la primera jornada, los querellantes sabían de los acuerdos societarios y del modelo de desarrollo del proyecto inmobiliario. Para De Vargas, esto confirma que no existió engaño ni intención de defraudar, sino un conflicto contractual que se agravó debido a las disputas judiciales con terceros, truncando la finalización del edificio.
El abogado se mostró optimista sobre el desarrollo del juicio y expresó su expectativa de que sus defendidos serán finalmente absueltos. Sostuvo que la evidencia presentada hasta ahora demuestra que la causa no tiene sustento penal y que la discusión sobre eventuales daños o resarcimientos debe continuar en el ámbito civil, una vez que la obra pueda reanudarse y los departamentos puedan ser entregados conforme a los contratos originales.
