El abogado Rafael Fernández, defensor de tres ciudadanos estadounidenses procesados en una causa vinculada al hallazgo de drogas transportadas en una aeronave, expresó fuertes cuestionamientos a la realización de una declaración anticipada de un ciudadano norteamericano que, según indicó, podría abandonar el país tras prestar testimonio ante la justicia paraguaya.
Durante una entrevista concedida a PDS Radio, el profesional señaló que la diligencia se llevó adelante pese a que la defensa había interpuesto un recurso contra la resolución que autorizó el anticipo jurisdiccional de prueba solicitado por el Ministerio Público. Según sostuvo, este tipo de medidas no suelen tramitarse con tanta rapidez en causas relacionadas con drogas.
Fernández afirmó que la juez interviniente permitió la realización de la declaración sin aguardar que una instancia superior se pronunciara sobre la apelación presentada por la defensa. A criterio del abogado, ello afectó principios procesales como la contradicción, la oralidad y la posibilidad de confrontar posteriormente el contenido del testimonio.
El defensor manifestó que el ciudadano extranjero tuvo participación en distintas etapas del viaje investigado y, por ello, consideró que debía permanecer a disposición de la justicia paraguaya para eventuales diligencias futuras. En ese contexto, cuestionó que se autorizara su salida del país antes de que pudieran aclararse diversos aspectos relacionados con el caso.
Durante la entrevista, Fernández relató que en el interrogatorio realizado al testigo se formularon preguntas relacionadas con la propiedad de la aeronave utilizada en el vuelo y los vínculos laborales existentes entre los tripulantes y quienes organizaron el traslado.
Según indicó, el declarante manifestó desconocer quién era el propietario del avión, no saber si existía un contrato con el dueño de la aeronave y tampoco tener conocimiento preciso sobre determinados aspectos operativos del vuelo. El abogado sostuvo que esas respuestas generaron contradicciones y dudas sobre la estructura detrás de la operación investigada.
Asimismo, señaló que el ciudadano norteamericano se presentó como un colaborador que realizaba tareas de apoyo y acumulaba horas de vuelo, sin desempeñarse aún como piloto profesional. Fernández también cuestionó que, según el relato brindado por el testigo, no se hubieran realizado verificaciones exhaustivas sobre la carga transportada ni sobre el contenido de las maletas antes del viaje. A su entender, estas circunstancias dejan interrogantes respecto de cómo la droga habría llegado al país.
El abogado destacó que, durante la audiencia, preguntó directamente al declarante si observó a alguno de sus defendidos manipular o cargar sustancias ilícitas. Según afirmó, la respuesta fue negativa. De acuerdo con Fernández, el ciudadano norteamericano declaró no haber visto a los procesados preparar paquetes con droga ni tener conocimiento directo sobre quién introdujo las sustancias en la aeronave.
Por ello, el defensor sostuvo que el contenido de la declaración no comprometió directamente a sus representados y que incluso resultó favorable para la estrategia defensiva. “Con los tres dijo lo mismo”, expresó, al referirse a que el testigo no atribuyó acciones concretas vinculadas al tráfico de drogas a ninguno de los acusados.
Otro de los puntos abordados por Fernández fue la supuesta urgencia alegada por la Fiscalía para solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba. El abogado indicó que requirió explicaciones concretas sobre los motivos que justificaban la realización inmediata de la diligencia y la salida del extranjero del país, pero consideró que dichas razones no fueron debidamente fundamentadas durante la audiencia.
Según relató, toda la actuación judicial giró en torno a la necesidad de que el ciudadano estadounidense abandonara Paraguay en un plazo breve, aunque, a su criterio, no se expusieron elementos suficientes que justificaran esa premura.
Fernández sostuvo que la declaración podría ser utilizada posteriormente en un eventual juicio oral contra sus defendidos, pese a que el testigo ya no estaría disponible para ser interrogado nuevamente. En ese sentido, manifestó que existe el riesgo de que la defensa no pueda ejercer plenamente el derecho a contrastar o profundizar determinados aspectos de su versión.
Además, señaló que el ciudadano extranjero era una persona que, según su visión, tenía varios aspectos pendientes de aclaración respecto al vuelo investigado, la contratación para la misión aérea y la relación con otros participantes de la operación.
El abogado también llamó la atención sobre la situación del piloto de la aeronave, respecto de quien existiría una orden de detención. Indicó que le resulta llamativo que el comandante del vuelo haya abandonado el país poco después de aterrizar, considerando la responsabilidad que normalmente recae sobre quien se encuentra al mando de una aeronave.
Finalmente, Fernández indicó que la defensa continuará impulsando los recursos planteados contra la decisión judicial y reiteró que, a su criterio, la declaración anticipada se realizó en contravención a garantías procesales previstas en la Constitución y en el Código Procesal Penal.
Asimismo, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el ciudadano extranjero vuelva a comparecer ante la justicia en el futuro, por lo que insistió en que su salida del país podría dificultar la producción de nuevas diligencias relacionadas con el caso.
El profesional concluyó que, desde la perspectiva de la defensa, el testimonio obtenido dejó más interrogantes que certezas respecto a la organización del vuelo, la propiedad de la aeronave y la eventual responsabilidad de otras personas que aún no han sido identificadas dentro de la investigación.
