La abogada Raquel Talavera, defensa del exdirector de la Tv Pública Cristian Turrini, solicitó al juzgado de ejecución el traslado de su cliente a un centro asistencial debido a un cuadro bronquial que arrastra desde hace varios días. La juez Lidia Wyder ordenó la constitución de un médico forense al penal La Esperanza.
Talavera indicó que desconoce la versión relacionada a un supuesto envenenamiento, como refirieron desde algunos medios de comunicación. Turrini actualmente se encuentra siendo asistido en la unidad de sanidad del centro penitenciario. Desde el Ministerio de Justicia informaron que Turrini cuenta con antecedentes médicos de dislipidemia, gastritis crónica e insomnio y que fue atendido inicialmente en el servicio de sanidad del establecimiento.
Según Talavera, cuando lo visitó el viernes, Turrini estaba con vías y su estado era “bastante estable”, pero la complicación nocturna agravó la situación.
Talavera añadió que desde el Departamento de Sanidad penitenciaria se está realizando una evaluación general, con participación del director del penal y jefe de seguridad, para determinar si debe ser trasladado a un hospital. Según indicó la abogada, el protocolo penitenciario exige acompañamiento policial para los traslados, especialmente debido a amenazas previas que ha recibido su defendido.
“Es un PPL, en ese sentido se tiene que regir por todos los protocolos”, recalcó. Talavera indicó también que, pese a que Turrini ya cumple una condena firme, los resguardos especiales que pudo tener anteriormente se han relajado en parte, aunque aseguró que las autoridades penitenciarias y de salud están actuando para dar “todo el tratamiento que se tiene que dar”.
Sobre la posibilidad de que las amenazas hayan sido motivadas por represalias o intenciones de causar daño, Talavera aseguró que no pudo confirmar directamente la veracidad de esa versión, que los familiares han mencionado. Señaló que mantiene comunicación con la esposa de Turrini, quien lo acompaña en el penal, pero descartó tener información clara que confirme que dichas amenazas hayan producido un efecto concreto más allá del riesgo.
Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de 20 años de prisión por su participación en la megacarga de cocaína incautada en el Puerto Privado Terport de Villeta, en octubre del año 2020, donde más de 2.900 kilos fueron hallados ocultos en bolsas de carbón. Además, la Sala Penal rechazó su recurso de casación, dejando firme el fallo.
Previamente, Talavera y la defensa han solicitado el traslado de Turrini a otro centro asistencial, alegando que el penal no tiene todo el equipamiento necesario para atender sus afecciones médicas. También se ha instado a que las autoridades penitenciarias, junto con sanidad, aseguren los protocolos de seguridad que garanticen su integridad física y mental frente a posibles amenazas.
Entretanto, desde octubre del 2020 y, más aún tras su condena definitiva que quedó firme en julio de este año, Turrini se encuentra recluido en la penitenciaría que le corresponde. La defensa insiste en que, aunque la condena está firme, los derechos fundamentales de salud, integridad física y acceso a atención médica adecuada deben ser respetados, más aún cuando hay peligro potencial derivado de enfermedades y amenazas.
Las autoridades penitenciarias han informado que se están tomando las medidas correspondientes y la juez de ejecución penal Lidia Huida podría emitir decisiones sobre traslado o intervenciones médicas si el examen forense lo determina necesario. La defensa pide transparencia en estos pasos para asegurarse de que no haya negligencias ni riesgo para la vida de Turrini.
