El abogado Nelson López, defensor de Reinaldo «Cucho» Cabaña, cuestionó la situación procesal de su cliente y anunció la presentación de un pedido de revocatoria de la medida de prisión, al considerar que se habría superado ampliamente el tiempo correspondiente a la pena mínima.
En declaraciones a PDS Radio, el letrado sostuvo que la Sala Penal de la Corte Suprema habría fijado una pena mínima de cinco años y que, según su interpretación, el procesado ya habría cumplido ese plazo e incluso lo habría superado, señalando que actualmente lleva alrededor de ocho años privado de libertad. En ese contexto, afirmó que la continuidad de la medida resultaría desproporcionada.
El letrado manifestó que la revocatoria fue solicitada por la vía de urgencia y que el juzgado deberá correr traslado al Ministerio Público antes de resolver. Indicó además que recurrirá por la vía de la apelación, señalando que optará por una “doble vía” procesal a fin de cuestionar la decisión que mantiene la restricción de libertad.
El defensor argumentó que la prisión preventiva debe regirse por los principios de excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad y advirtió que, a su criterio, su prolongación podría implicar una naturalización de una medida que, por su naturaleza, es cautelar y no punitiva. También sostuvo que su defendido no fue escuchado previamente antes de adoptarse la decisión cuestionada.
Respecto a señalamientos sobre eventuales maniobras dilatorias en el proceso, López negó que esa sea la estrategia en el caso de su representado y afirmó que su intención es avanzar hacia la audiencia preliminar y eventualmente al juicio oral, donde, según expresó, planteará sus argumentos de fondo.
Asimismo, el abogado defendió el uso de herramientas procesales como recusaciones y planteamientos incidentales, señalando que constituyen derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, vinculados a la garantía de ser juzgado por un juez independiente e imparcial.
Finalmente, reiteró que aguardará la resolución judicial sobre la revocatoria solicitada, insistiendo en que la situación debe analizarse a la luz de los plazos y garantías del debido proceso.
