La defensa de Guido González Duarte, funcionario de la ANDE, apeló la elevación de su causa por presunto título falso de Ingeniero, alegando que ya prescribió, además de haberse violado otros derechos. De forma subsidiaria, planteó la suspensión condicional del proceso a cambio de un pago de G. 250 millones.
El abogado Daniel Aguilar López, defensor de Guido Evaristo González Duarte, apeló el A.I. N.° 486 por el cual el juez Rolando Duarte elevó a juicio la causa por presunto título falso. La defensa indicó como una grave irregularidad que el magistrado no participó en forma presencial en la audiencia preliminar del pasado 28 de mayo. “En vez de presidirla, nunca se hizo presente», expresó el profesional, señalando que el acto terminó siendo dirigido por un dactilógrafo y un secretario en un ambiente inapropiado por existir un «ruido de conventillo de fondo».
Además, alegó una violación directa del artículo 355 del CPP al no permitírsele declarar al imputado, afirmando que jamás se le dio la oportunidad de ejercer su defensa material durante la diligencia.
Respecto a la resolución, el abogado cuestionó la fundamentación del juzgado sobre la vigencia de la acción penal y la naturaleza de los delitos imputados. Afirmó que la causa ya prescribió, tanto si se toma como inicio el año 2012 o el 2022, asegurando que ya transcurrieron cuatro años del plazo límite para perseguir el hecho.
En ese sentido, rechazó la calificación de «delito continuo» utilizada por la Fiscalía en su acusación y ratificada por el Juzgado para extender los plazos procesales, arguyendo que con esta interpretación se están «inventando tipos penales inexistentes» y violando el principio de legalidad.
Por otro lado, la defensa desestimó la existencia de un perjuicio económico para la ANDE o el Estado, sosteniendo que el acusado es un profesional idóneo que «concluyó sus estudios en la Universidad Politécnica de Asunción». Finalmente, calificó la acusación como un «oscuro libelo, incoherente y confuso», y acusó al magistrado de actuar con falta de imparcialidad.
Con la apelación, solicita al tribunal de alzada que revoque en todas sus partes el auto recurrido, haga lugar a las excepciones planteadas y declare la prescripción de la acción penal. De manera subsidiaria, para el caso de que no se otorgue el sobreseimiento, propone la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento; para ello, ofrece la reparación de un supuesto daño por G 250.000.000 (a pagarse en cuotas mensuales) y el compromiso formal de regularizar la documentación académica cuestionada en un plazo de 2 años.
Para concluir, solicitó que se intime a la ANDE para que designe a un negociador a los efectos de concretar la propuesta de arreglo planteada.
