El abogado Luis Samaniego Correa, uno de los abogados de Giannina García Troche, esposa del prófugo Sebastián Marset, denunció durante una entrevista con PDS Radio una serie de irregularidades en las condiciones de detención de su clienta.
Las declaraciones se centraron en la limitación arbitraria del acceso a la defensa técnica, el grave deterioro de salud física y mental de García Troche y el presunto incumplimiento de garantías internacionales básicas, según las declaraciones del letrado.
Samaniego señaló que la defensa fue impedida de mantener contacto con la procesada a pesar de que existía una orden judicial que autorizaba el acceso de lunes a viernes. Sin embargo, en la penitenciaría se les informó que las visitas estaban restringidas a los días lunes, miércoles y viernes. “Nos dieron un horario de 09:30hs a 11:30hs, pero en la práctica apenas pudimos hablar con ella 20 minutos”, explicó.
El abogado calificó estas restricciones como una violación al derecho constitucional a la defensa. “No hay argumento legal que justifique esta limitación de tiempo. No existe riesgo de fuga ni obstaculización de la investigación, por lo tanto, resulta arbitraria”, manifestó.
Además, denunció un grave deterioro de salud en García Troche, quien habría perdido más de 14 kilos en menos de dos meses. Por ello, solicitó al juzgado la intervención de un médico clínico y un profesional de salud mental para evaluar su estado físico y psicológico. Hasta el momento, según indicó, no han recibido ninguna respuesta oficial a las solicitudes presentadas.
Samaniego también apuntó a posibles violaciones al debido proceso desde el inicio de la detención, afirmando que cuando García Troche fue aprehendida en el aeropuerto, no se le notificó su derecho a contar con un abogado de confianza, ni se informó a las autoridades consulares de su país, como exige la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. “Le impusieron un defensor público sin preguntarle si quería nombrar a uno privado y no se cumplió con la obligación de comunicar a su consulado”, denunció.
El abogado dejó abierta la posibilidad de apelar las decisiones judiciales y no descartó la nulidad de actuaciones por violaciones a derechos fundamentales. También criticó la falta de acceso pleno al expediente, indicando que existen documentos e informaciones que no están disponibles para la defensa, lo que agrava aún más la indefensión.
Finalmente, expresó su preocupación por la imposibilidad de desarrollar adecuadamente la estrategia de defensa en estas condiciones. “No podemos avanzar si el acceso a nuestra clienta y a los documentos está limitado. Esta no es una justicia equilibrada”, afirmó el abogado.
