El abogado Emilio Fuster presentó una recusación contra la Juez Cynthia Lovera, en representación del exministro del interior Arnaldo Giuzzio, invocando el artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP), inciso 13. Esta medida se suma a los recursos de reposición interpuestos por las defensas de los siete procesados en contra de la admisión de la imputación.
En el extenso escrito presentado por Fuster, se hace referencia a la importancia del rol del juez de garantías en el proceso penal y se cita la Acordada No. 1631 emitida por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2022. Esta acordada busca fortalecer el control jurisdiccional del acta de imputación fiscal, asegurando que contenga hechos concretos que se adecuen a tipos penales.
La defensa de Giuzzio argumenta que la imputación presentada por la fiscalía adolece de vicios sustanciales, ya que no presenta una respuesta coherente a los elementos esenciales de la teoría del caso. Se cuestiona la falta de claridad en los enunciados del examen, así como la inclusión de ítems sobre temas no contemplados en los ejes temáticos aprobados y publicados por la institución.
Se critica la forma en que la fiscalía vinculó a Giuzzio con supuestos hechos delictivos, haciendo referencia a reuniones mantenidas durante su cargo como Ministro del Interior. Se argumenta que estos actos eran parte de su gestión gubernamental y no constituían actividades delictivas.
La defensa solicita la revocación de la resolución que admite la imputación, así como la suspensión de cualquier audiencia para la imposición de medidas cautelares hasta tanto se resuelva el recurso presentado. En caso de que la jueza no considere procedente el recurso de reposición, se solicita que se conceda el recurso de apelación en subsidio.
Además, en el escrito presentado por Fuster detalla una serie de fundamentos que cuestionan la imparcialidad de la jueza Lovera en el caso. Se argumenta que la magistrada no habría cumplido con su deber de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, como exige la ley. Se hace referencia a la violación de principios fundamentales del debido proceso, así como a la falta de consideración de resoluciones del Fiscal General del Estado que apartaron a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti de la investigación.
Además, se menciona la existencia de supuestas conversaciones entre el abogado denunciante Pedro Ovelar y el Fiscal Aldo Cantero, en las cuales se hace referencia a la Jueza Lovera. Estos diálogos, que habrían sido divulgados por medios de comunicación, sugerirían una posible relación entre el denunciante y la magistrada, lo que podría afectar su imparcialidad en el caso.
También se resaltan decisiones judiciales previas de la Jueza Lovera en otros casos, las cuales, según la defensa de Giuzzio, evidenciarían un trato diferenciado hacia ciertos abogados y partes involucradas. Se argumenta que estas acciones ponen en duda la imparcialidad de la jueza en el caso Marito y constituyen una violación a los principios del debido proceso. Sostiene que la actuación de la jueza Lovera compromete la imparcialidad de la justicia y solicita su apartamiento del caso.
