En el marco de la causa conocida como la “mafia de los pagarés”, el abogado Mario Elizeche, representante legal de la exjuez Liliana González de Bristot, brindó declaraciones a PDS Radio este lunes, donde defendió la actuación de su clienta y cuestionó el proceder del Ministerio Público.
Durante la entrevista, Elizeche confirmó que no solicitaron la suspensión de la audiencia de imposición de medidas, explicando que su estrategia consiste en “avanzar lo más posible” en el proceso. Señaló que González de Bristot se encuentra tranquila, convencida de que actuó conforme a la normativa vigente y sin desviarse de los procedimientos legales.
En cuanto a las medidas cautelares impuestas, el abogado detalló que se ofreció una caución real de un inmueble perteneciente a la exmagistrada, valorado en Gs. 800.000.000, pero que fue aceptado por un valor de 200 millones. Además, se dispuso la prohibición de salida del país, con obligación de comunicar viajes al juzgado y la comparecencia trimestral ante el mismo.
Elizeche cuestionó la imputación fiscal, a la que calificó de “genérica” y basada en supuestas omisiones de la exmagistrada. “La imputación está plagada de ‘debería’, ‘podría’, ‘tendría que haber’, cuando en realidad eran funciones que no le correspondían a la juez, sino a otros funcionarios”, afirmó. También criticó la falta de elementos objetivos que vinculen a González de Bristot con un esquema de notificaciones falsas: “No hay llamadas, mensajes ni ningún tipo de prueba concreta que evidencie convivencia entre jueces, actuarios y abogados. Todo se basa en suposiciones”.
El abogado enfatizó que los informes cuestionados, como los de los actuarios judiciales, son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. “Si no hay una tacha de falsedad, el juez no tiene herramientas para dudar de ellos. Y en el caso de la doctora Liliana, no existía ningún indicio concreto que justificara actuar en contra de esa presunción”, explicó.
También mencionó que no se ha llamado aún a indagatoria a la exjueza, pese a que ya cuenta con una imputación y medidas cautelares. Según indicó, el Ministerio Público mantiene el teléfono celular de su defendida, pero no ha solicitado ningún peritaje ni ha convocado a diligencias específicas hasta el momento.
Finalmente, Elizeche destacó que la exjuez mantenía una práctica judicial diferente a la de otros magistrados, señalando que en su juzgado no era común dictar embargos preventivos en etapas preliminares de los juicios ejecutivos. “Muchos procesos terminaron por caducidad y no llegaron a la etapa de embargo”, sostuvo. La defensa anticipó que estos elementos serán fundamentales en su estrategia procesal, al considerar que González de Bristot no tuvo participación directa en los hechos que investiga la Fiscalía, y que no existen pruebas concretas que respalden su vinculación al esquema delictivo denunciado.
