En una entrevista concedida a PDS Radio, el abogado Secundino Méndez, defensor del juez Víctor Nilo Rodríguez, criticó duramente la actuación del Ministerio Público en el marco de la causa abierta contra su defendido en el marco del caso conocido como «mafia de los pagarés». El magistrado fue convocado por la Fiscalía para prestar declaración indagatoria, pero, según confirmó Méndez, se abstuvo de declarar, como parte de una estrategia de defensa.
“El Ministerio Público sigue agregando elementos constantemente. Necesito evaluar el momento adecuado para que mi defendido declare. No puedo exponerlo mientras el expediente siga cambiando cada semana”, señaló Méndez. Enfatizó que su decisión no responde a falta de colaboración, sino a la necesidad de estabilidad en la investigación para ejercer una defensa técnica eficaz.
El abogado fue enfático al señalar que los cargos formulados contra Rodríguez carecen de sustento legal. “Siguiendo el criterio del Ministerio Público, todos los jueces del país tendrían que estar verificando la validez de documentos públicos, lo cual es insostenible y conduciría a un caos jurídico”, advirtió.
Méndez explicó que los jueces no están obligados a validar cada instrumento público, pues estos tienen presunción de autenticidad salvo prueba en contrario. “No corresponde que un juez analice, en cada expediente, si un documento público es falso, salvo que se plantee un incidente específico”, dijo.
Además, denunció que los jueces de garantías “llevan ese nombre de adorno”, porque en la práctica, según él, actúan como “fieles servidores del Ministerio Público”. Acusó a varios magistrados de ceder ante las presiones fiscales, en lugar de ejercer su rol como controladores de legalidad y garantías constitucionales.
En relación con el proceso paralelo del caso Walter Bower, en el que también está involucrado su cliente, el abogado señaló que la causa permanece en Cámara de Apelaciones y que, hasta el momento, no existe una remisión formal al Ministerio Público en el caso de Rodríguez. No obstante, fue sancionado administrativamente con una suspensión de 10 días.
Méndez finalizó la entrevista con una advertencia al Poder Judicial: “Si seguimos así, todos los jueces podrían terminar imputados por actuaciones que no están obligados a controlar. El Ministerio Público está generando un escenario de persecución que puede desestabilizar completamente la estructura judicial”, alertó.
También hizo un llamado al principio de confianza, destacando que ningún funcionario debe ser penalmente responsable por los actos de otros, especialmente cuando se trata de trámites que pasan por múltiples dependencias del sistema judicial.
El abogado concluyó pidiendo coherencia al Ministerio Público en la forma en que actúa frente a distintos juzgados: “Si van a utilizar el mismo rasero, entonces que lo apliquen a todos los tribunales de primera instancia, no solo a un juzgado de paz”.
