El abogado Paul Fialayre valoró la decisión del Tribunal de Sentencia que resolvió el sobreseimiento definitivo de su defendido, Pedro Areco, en el marco de la causa por la quema de la sede de la ANR conocida como “Colorado Róga”, al considerar que la acusación presentada por el Ministerio Público carecía de la precisión necesaria para sostener la participación de los procesados en los hechos investigados.
Durante una entrevista concedida a PDS Radio, el profesional explicó que al inicio del segundo juicio oral las defensas plantearon diversos incidentes procesales, entre ellos la nulidad de la acusación. Según señaló, el planteamiento fue impulsado inicialmente por la defensa de Arnaldo Martínez y posteriormente acompañado por las demás representaciones legales.
Fialayre sostuvo que el Tribunal hizo lugar al incidente al advertir deficiencias en la descripción de los hechos atribuidos a los acusados. En el caso específico de Pedro Areco, indicó que la acusación señalaba que habría colaborado en el traslado de una pancarta que posteriormente fue incendiada, pero sin precisar de qué manera se produjo esa supuesta colaboración ni cuál habría sido su intervención concreta en los hechos.
“El tribunal entendió que no existía una relación clara y suficiente de los hechos ni una individualización adecuada de las conductas atribuidas a cada procesado”, afirmó el abogado. El defensor manifestó su satisfacción con la resolución y consideró que constituye una decisión relevante desde el punto de vista procesal, al exigir que las acusaciones penales cumplan con los requisitos de precisión y fundamentación establecidos por la legislación.
Consultado sobre las razones por las cuales estos cuestionamientos no prosperaron en etapas anteriores del proceso, Fialayre aclaró que no intervino en la fase preliminar de la causa, aunque sí participó en el primer juicio oral.
A su criterio, la elevada exposición pública que tuvo el caso en sus inicios pudo haber influido en que los incidentes planteados por las defensas no fueran admitidos entonces. También destacó que la resolución que rechazó originalmente esos planteamientos no fue apelada, circunstancia que permitió al nuevo Tribunal volver a analizar la cuestión y resolverla de manera diferente.
El abogado recordó además que las defensas habían promovido recursos extraordinarios contra la decisión que anuló el primer juicio y ordenó un reenvío, aunque dichos planteamientos no prosperaron debido a criterios jurisprudenciales adoptados por la Corte Suprema respecto a ese tipo de resoluciones. Además de ello, el abogado Fialayre realizó una distinción entre las distintas representantes del Ministerio Público que intervinieron en la causa.
Recordó que la acusación fue presentada inicialmente por la entonces fiscal María Estefanía González, actualmente fiscal adjunta, mientras que la fiscal Yeimi Adle asumió la representación del Ministerio Público durante la etapa final del primer juicio y posteriormente impulsó la apelación que derivó en la realización del segundo debate oral.
Respecto a la fiscal Mercedes Vera, quien intervino en el juicio recientemente concluido, señaló que no mantuvieron conversaciones previas, pero destacó que la agente fiscal no insistió en sostener determinados planteamientos una vez que el Tribunal admitió los incidentes promovidos por las defensas.
Fialayre también fue consultado acerca de la situación de la única acusada que continúa vinculada al proceso. Si bien aclaró que esa cuestión corresponde a la estrategia de defensa de la coprocesada, expresó su opinión de que las pruebas producidas durante el primer juicio no demostraban la participación de ninguno de los acusados.
Según explicó, durante el debate oral anterior fueron incorporadas numerosas grabaciones de cámaras de seguridad, registros audiovisuales y material periodístico que sumaban cientos de horas de contenido. No obstante, sostuvo que en ninguna de esas imágenes se habría logrado identificar de manera concluyente a las personas procesadas participando en los hechos investigados.
En relación con la situación particular de Pedro Areco, el abogado indicó que, según los antecedentes de la causa, su defendido permaneció privado de libertad durante aproximadamente tres meses bajo prisión preventiva antes de recuperar su libertad mediante una revisión de la medida.
Fialayre cuestionó la decisión adoptada en aquel momento por la Fiscalía de solicitar prisión preventiva para delitos cuya expectativa de pena era relativamente baja. Señaló que la imputación fue presentada apenas días después de ocurridos los hechos y que la orden de detención fue ejecutada con rapidez. A su entender, la utilización de la prisión preventiva en esas circunstancias resulta discutible desde el punto de vista jurídico y merece una reflexión sobre los criterios aplicados por los órganos de persecución penal.
Consultado acerca de las consecuencias que el proceso tuvo para Areco, el abogado sostuvo que la defensa siempre procuró enfocar el caso desde una perspectiva estrictamente jurídica y evitar discusiones partidarias. No obstante, reconoció que el expediente estuvo rodeado de un importante componente político debido al contexto en que ocurrieron los hechos y a la actividad pública de algunos de los procesados.
Según manifestó, Areco era una figura vinculada al ámbito político y la prolongación del proceso durante aproximadamente cinco años habría tenido repercusiones tanto en su vida personal como en su trayectoria pública. Finalmente, destacó que la resolución de sobreseimiento definitivo pone fin a un largo proceso judicial para su representado y constituye, a su criterio, el reconocimiento de que no existían elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.
