El Ministerio de la Defensa Pública informó que, en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés”, el defensor público Juan Emilio Arce Amarilla logró el levantamiento de 32 embargos ejecutivos que afectaban salarios de nueve personas, en procesos tramitados ante el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso.
Las medidas fueron adoptadas en aplicación de la Ley Nº 7614/25, normativa que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos y acciones de cobro de guaraníes. Según los antecedentes, varios de los expedientes no pudieron ser ubicados dentro del plazo legal establecido, lo que habilitó el levantamiento de los embargos conforme a lo dispuesto por dicha ley.
Uno de los casos más relevantes es el de Teresa Zárate Núñez, funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quien enfrentaba 24 demandas ejecutivas, de las cuales 21 estaban radicadas en juzgados de paz de Mariano Roque Alonso y tres en Luque. De los expedientes tramitados en Mariano Roque Alonso, 20 no fueron hallados en secretaría dentro del plazo de diez días, lo que permitió el levantamiento de los embargos que afectaban su salario desde hace varios años, en algunos casos desde el año 2011.
Las acciones judiciales contra Zárate Núñez fueron promovidas por distintas firmas comerciales y particulares, por montos variables. Con la intervención de la Defensa Pública, la funcionaria podrá disponer nuevamente de una parte significativa de sus ingresos mientras se desarrollan los procesos de reconstitución de los expedientes.
Además de este caso, otras ocho personas también se vieron beneficiadas con el levantamiento de embargos en situaciones consideradas irregulares. Todas ellas mantenían procesos de cobro en el mismo juzgado de paz, en el contexto de un esquema que es objeto de análisis judicial y administrativo.
El defensor público Arce Amarilla interviene en juzgados de paz de Mariano Roque Alonso, Luque y Areguá, en el marco de una estrategia institucional orientada a asistir a personas afectadas por este tipo de procesos. Desde la institución se indicó que estas acciones responden a lineamientos del defensor general, enfocados en brindar atención prioritaria a sectores vulnerables.
El caso de la denominada “mafia de los pagarés” continúa generando actuaciones judiciales, tanto en el ámbito penal como civil, en relación con presuntas irregularidades en la tramitación de demandas ejecutivas y embargos sobre salarios.
