La defensora pública Carolina Medina brindó detalles a PDS Radio sobre dos intervenciones recientes realizadas por la Defensoría Pública en la ciudad de Pedro Juan Caballero, vinculadas a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y destacó la rápida actuación interinstitucional en ambos casos.
En primer término, Medina se refirió a un episodio ocurrido en una sucursal bancaria de la ciudad, donde una niña de 10 años escribió un pedido de ayuda y dejó un número de teléfono en un sector del local. Ante la detección del hecho a través de las cámaras de seguridad, el banco realizó la denuncia correspondiente, lo que derivó en una inmediata intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Defensoría Pública.
Según explicó la defensora, tras la localización del domicilio, se constató que la niña vivía con su madre, su abuela y una hermana menor, en un entorno adecuado, sin indicios de vulneración de derechos. La menor manifestó que la acción fue motivada por aburrimiento y por contenidos observados en la red social TikTok, aclarando que no se trató de un desafío específico ni de una situación real de riesgo.
La niña fue evaluada por profesionales del Ministerio de la Defensa Pública, incluyendo una psicóloga forense, quien descartó signos de maltrato físico o psicológico.
Medina resaltó la importancia de la rápida reacción del personal del banco y de las fuerzas intervinientes, señalando que cualquier manifestación de pedido de auxilio por parte de un menor debe ser tomada con seriedad y activar los protocolos correspondientes. Asimismo, indicó que se conversó con la madre, a quien se le recomendó reforzar el acompañamiento y la supervisión, especialmente durante el periodo de vacaciones escolares.
Además de ello, la defensora abordó el caso de una beba de nueve meses que ingresó al sistema de protección tras un episodio de intoxicación con marihuana. Informó que la niña, al igual que sus dos hermanos de dos y cuatro años, se encuentra actualmente bajo el cuidado de sus abuelos paternos, en virtud de una medida de urgencia dispuesta conforme a la legislación vigente y ratificada por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Medina explicó que los padres de los menores enfrentan un proceso penal y cuentan con medidas alternativas, además de la obligación de someterse a tratamientos psicológicos y toxicológicos. La eventual restitución de los niños dependerá del cumplimiento efectivo de dichas medidas y de las evaluaciones periódicas realizadas por equipos técnicos del Poder Judicial y de la Defensoría Pública.
Finalmente, la defensora señaló que los tres niños se encuentran en buen estado de salud y bajo un entorno familiar que garantiza su cuidado, subrayando que el objetivo principal de las intervenciones es la protección integral de los menores y la restitución de sus derechos, priorizando siempre su bienestar.
