El Senador José Oviedo plantea un proyecto de ley que modifica artículos para la elección de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El mismo, asegura que buscan pluralismo en el Jurado, que los senadores y diputados, sean los que mayor cantidad de votos hayan tenido en las elecciones generales
El JEM es el organismo encargado de investigar y sancionar a jueces, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra en casos de mal desempeño. Sin embargo, su conformación actual ha sido objeto de críticas debido a la influencia política en la designación de sus integrantes.
El proyecto de ley se ampara en la Constitución Nacional, que establece que el JEM debe estar integrado por representantes de la Corte Suprema, el Congreso y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, no se prohíbe expresamente modificar el mecanismo de elección de sus miembros, lo que habilita la posibilidad de una reforma.
Entre las modificaciones más relevantes, se propone que los representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el JEM sean elegidos por voto popular, permitiendo una mayor participación ciudadana en el control del sistema judicial. Además, se establece que los representantes del Congreso sean designados en función de la cantidad de votos obtenidos, asegurando que sean abogados y cumplan con criterios específicos de idoneidad.
Otro cambio clave es la implementación de un mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual los miembros del JEM deberán presentar informes anuales ante el Senado, con la posibilidad de ser removidos si reciben dos desaprobaciones consecutivas. Finalmente, se agilizan los procesos de enjuiciamiento al reducir el número de votos necesarios para iniciar investigaciones de oficio, pasando de siete a cinco, lo que busca mejorar la eficiencia y respuesta del organismo ante casos de máximo interés.
La propuesta toma como referencia modelos internacionales en países como Bolivia, Estados Unidos y Suiza, donde los jueces y miembros de órganos de control judicial son elegidos por voto popular o mecanismos similares que buscan reducir la interferencia política en el sistema judicial.
La iniciativa ya ha generado opiniones divididas. Sus defensores argumentan que el nuevo modelo permitirá un JEM más independiente y libre de presiones políticas. Sin embargo, sus detractores advierten que la elección popular de jueces y magistrados podría politizar aún más el sistema judicial, afectando la imparcialidad de los miembros y pudiendo favorecer a personas allegadas a los mismos.
Si el Congreso aprueba esta reforma, Paraguay se convertiría en uno de los pocos países donde los ciudadanos tienen injerencia directa en la elección de los encargados de supervisar el sistema de justicia. El debate sobre el futuro del JEM apenas comienza y la ciudadanía sigue atenta a los cambios que podrían redefinir el equilibrio de poder.
