En comunicación con PDS Radio y Tv Digital, el abogado Alcides Giménez, quien denunció al Juez Penal de Garantías Walter Ramírez Añazco por solicitar el monto de Gs. 7.500.000 para otorgar el arresto domiciliario a sus defendidos en un caso por supuesto abigeato, manifestó que a tres meses de haber presentado la denuncia no se ha auditado el trabajo del magistrado, simplemente se lo trasladó a Santaní como Juez de Ejecución.
“Si se hacen las investigaciones y se encuentra que la práctica habitual de un Juez Penal de Garantías es constituirse para dar los arrestos domiciliarios y cobrar por ello, se debe cortar de raíz y va a ser un mensaje para todos los jueces” mencionó el justiciable.
Respecto al caso en sí, explicó que los procesados ya se encuentran en libertad. El proceso sigue su curso normal pero sus defendidos ya cuentan con una medida ambulatoria luego de haber estado un mes recluidos en la Penitenciaría Regional de San Pedro sin motivo alguno, teniendo en cuenta que el propio Fiscal había solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva.
“Es importante auditar la labor de los jueces porque están en una función muy delicada, se trata de impartir justicia y nosotros los justiciables y la ciudadanía en sí necesitamos de jueces que puedan otorgarnos la seguridad de que la ley será aplicada tal cual como es” agregó el abogado.
Afirmó que el hecho denunciado amerita que tanto el Intendente como los órganos competentes lo tomen de la manera más seria posible para que el exhorto de los Ministros de la Corte, que hicieron referencia a que este tipo de hechos sean denunciados, realmente tenga un peso importante.
“Podés exhortar, sacar acordadas y resoluciones, pero mientras que no se hagan las cosas de manera seria, estas van a ser palabras muertas para los jueces. El mensaje que se tiene que dar desde la Corte y la Superintendencia es el de realizar las investigaciones y cortar de raíz esta clase de prácticas” aseguró.
Explicó además que probablemente durante la audiencia preliminar la causa por supuesto abigeato será desestimada, debido a que no existen los elementos suficientes para sostener una acusación por este hecho punible, ya que los vendedores de estos animales fueron al juzgado a prestar su declaración testifical y se trataría finalmente de un problema administrativo.
“Yo siempre sostuve que se trataba de un problema administrativo el cual no prevía una sanción penal, pero ya estando en la justicia es importante que se investigue” afirmó.
