Alicia Garcete, quien está en disputa por una propiedad de 12.000 hectáreas, (estancia Korochiré), ubicada en la zona de Fuerte Olimpo, denunció que entregó la suma de 25.000 millones de guaraníes a un alto funcionario de la Corte.
Sindicó directamente a Tomás Rocholl, jefe de Gabinete del ministro César Garay Zuccolillo, quien dijo le ayudó para recuperar la poseción del inmueble mediante un interdicto, a pesar de la existencia de un fallo del alto tribunal que rechazó un demanda de usucapión que había promovido la mujer.
“En verdad a este (Tomás) Rocholl se le dio algo, pero hasta ahí y nunca más”, dijo. Agregó que en total se le entregó al alto funcionario judicial la suma de G. 25 millones y aclaró que de eso no existe ninguna factura. No obstante, señaló que tiene la constancia de todas las comunicaciones que tuvo con el jefe de gabinete del ministro Garay.
La familia Garcete comenzó con el pleito en el año 2011 cuando apareció un grupo de personas ligadas a diferentes empresas que se presentaron como dueñas de las 45.000 hectáreas de tierra, afectando la Estancia Korochiré, cuya usucapión solicitó a la justicia la referida familia.
La señora Garcete denunció que detrás de todo estaba el entonces poderoso senador luqueño Óscar González Daher (colorado cartista), atendiendo que la escribana que elaboró el título de propiedad apócrifo a favor de los intrusos es la esposa del exlegislador, Nélida Chaves.
Durante una visita a los estudios de PDS radio, la señora Garcete sostuvo que su lucha sigue hasta hoy día, con fiscales de la región y otros funcionarios que la siguen hostigando y a sus arrendatarios.
Garcete recordó que a raíz de esta situación había perdido 2.000 cabezas de ganado vacuno con marcas y registrados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
“Yo estoy en contra de todas esta mafia, porque sigue esas llamadas, inclusive hasta ahora, que nos persiguen”, dijo y agregó que hace ocho días se registró una quema que según ella sostiene fue intencional y que a raíz de eso murieron unas 100 cabezas de ganado, del arrendatario de las tierras, un menonita de apellido Kroker, quien fue imputado por la fiscalía como presunto responsable de la quema intencional.
La mujer presentó una denuncia por escrito ante el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón en donde señala que el funcionario Rochol es el brazo ejecutor del ministro Garay en el Chaco, en donde el alto magistrado es el superintendente de la circunscripción.
La gravedad de la denuncia, de que un alto funcionario de la Corte haya recibido supuestamente dinero, amerita la apertura de una investigación por parte de la máxima instancia judicial, que de seguro va a convocar a Garcete para que se ratifique en la presentación.
