En comunicación con PDS Radio la abogada Mirtha Báez denunció que una juez de Lambaré y a una actuaria le exigieron pagos indebidos como condición para otorgar arresto domiciliario y de realizar el cobro a una cuenta particular. La denuncia ya fue presentada ante las autoridades competentes.
La abogada Mirtha Báez presentó una denuncia formal contra la juez de Lambaré Ana Esquivel y la actuaria Patricia Cáceres Zapata por el presunto cobro indebido de honorarios en el marco de un proceso penal por supuesta violencia. En la denuncia se acusa a ambas de exigir pagos irregulares a su cliente como condición para conceder el arresto domiciliario y de realizar el cobro a una cuenta particular.
«No vamos a tolerar este tipo de prácticas,» afirmó la abogada Báez durante la entrevista. «Estamos hablando de un abuso de poder y una falta de ética profesional que perjudica gravemente a los ciudadanos que buscan justicia.»
Según la denuncia, el 13 de diciembre del año pasado la actuaria Cáceres Zapata exigió el pago de Gs. 2.250.000 a una cuenta particular perteneciente a su hija como condición para que el cliente de la Dra. Báez obtuviera el arresto domiciliario. El monto, según la abogada, superaba lo establecido en la liquidación posterior, que era de aproximadamente Gs. 1.900.000 y la diferencia nunca fue devuelta, a pesar de que la actuaria afirmó lo contrario en un informe presentado en el marco de la recusación planteada por la defensa.
«La circular de la Corte es clara: el cobro de constitución está prohibido, salvo en casos muy específicos,» explicó la Dra. Báez. «En este caso, el domicilio de mi cliente es céntrico y fácilmente identificable, por lo que no había justificación alguna para exigir este pago.» Además, Báez recalcó que la constitución nunca se realizó, ya que ni la juez ni la actuaria se presentaron en el domicilio de su cliente para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario.
La denuncia también señala que la liquidación de cobertura de gastos no figura en la resolución judicial que concedió el arresto domiciliario, tal como lo exige una acordada de la Corte Suprema de Justicia. La abogada relató que la situación escaló luego de que la defensa planteara una recusación contra la magistrada, alegando un trato desfavorable y una serie de irregularidades en el proceso, incluyendo el hecho de que la juez de Lambaré no se inhibió a pesar de que el hecho supuestamente ocurrió en Asunción.
«Fuimos acusadas, dizque, de llevar “mala onda al juzgado”. Hasta por un estado de WhatsApp mío se molestó su señoría y me reclamó. En toda mi vida profesional nunca pasé algo tan ridículo” agregó la letrada. Además del cobro irregular, la Dra. Báez denunció que se le «acorraló» para que llevara «algo para la merienda» el día de la audiencia, una práctica que considera inaceptable. «No corresponde que se administre justicia presionando para que se entreguen dádivas,» sentenció.
La abogada espera que las autoridades investiguen a fondo las acusaciones y sancionen a las responsables. «No podemos permitir que la corrupción se infiltre en los tribunales y que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas que buscan justicia,» concluyó.
