La jueza Penal de Garantías de Caacupé María Teresa Rodríguez, junto con el señor Ignacio Óscar Sosa Barrios, fueron denunciados por Cristian Alexis Silva, Diosnel Flecha y Arsenio González, por los hechos punibles contra los bienes patrimoniales destinados a la política agraria del Estado. La magistrada habría comprado una derechera, tierras expropiadas para la reforma agraria.
Según la denuncia, el 7 de setiembre del 2016, los denunciados suscribieron un contrato para la venta de derechos sobre un inmueble que aún se hallaba en propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (INDERT), ubicado en Piribebuy, puesto que el mismo recién fue inscripto (irregularmente), a favor de Ignacio Óscar Sosa Barrios en junio del 2020.
Manifiesta el escrito de la denuncia que el inmueble fue inscripto de manera irregular puesto que dicha inscripción no fue realizada por el INDERT sino por una escribana en particular, en abierta violación al Estatuto Agrario.
Dicho acto jurídico ilícito contraria los artículos 1 y 2 de la ley 4682/12 que sancionan con pena privativa de libertad de 2 a 5 años a todo adjudicatario y todo adquiriente de derechos y acciones de algún inmueble en contravención de las restricciones de la ley 1863/02 del Estatuto Agrario. Amén de ello, sanciona con la nulidad de pleno derecho y la revisión a favor del patrimonio del INDERT.
El fiscal a quien le fue designado la denuncia, Benjamín Maricevich de Capiatá, prefirió no comentar nada sobre el caso, solo atinó a decir que son cuestiones particulares.
El abogado del INDERT, Rubén Villalba explicó que el contrato se firmó en Capiatá, es por eso que la denuncia se presentó en la unidad fiscal de dicha ciudad.
“Realmente es grave, porque se trata de una jueza penal de garantías que no puede alegar desconocimiento del derecho, y por otro lado nos afecta a todos de alguna manera, por el hecho que esas tierras el INDERT las adquiere por valores millonarios y no es para que termine en manos de una magistrada”, dijo el abogado.
Además, pidió que el Ministerio Público investigue el caso, ya que la prueba es irrefutable, ya que es un contrato con certificación de firma.
“Hay una ley que castiga hasta 5 años la comercialización de tierras públicas en el fuero penal, mientras que el fuero civil castiga con la nulidad del acto”, explicó Villalba.
El profesional explicó que la operación se realizó en el 2017 por la suma de G. 60 millones, y el vendedor es una persona que ha comercializado gran parte de esas tierras, de aproximadamente 3 hectáreas.
“La zona, es un lugar agrícola, hay muchos cañaverales, cruza un arroyo sobre el inmueble”, dijo el abogado.
