Un caso similar por el cual fue condenado Ramón González Daher se denunció ante la Fiscalía General del Estado y que involucraría supuestamente a un conocido comerciante y político de San Ignacio, Misiones. Se trata de Pedro Ángel Rodríguez Pereira, quien fue denunciado por varias personas de dicha ciudad por usura, lavado de dinero, evasión de impuestos y denuncia falsa. Se habla de un monto que superaría G. 2 mil millones entre las víctimas.
Los denunciantes, Luis Ideraldo Medina Flores, Catalino Evaristo Morínigo Ariel Ramón Núñez Martino, bajo patrocinio del abogado Darío Mendoza presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que los mismos manifestaron haber saldado sus deudas que tenían con Rodríguez Pereira, quien nuevamente lo vuelve a requerir con distintas supuestas maniobras.
Según la denuncia, los denunciantes habían recurrido a créditos con el ahora denunciado, ya sea de manera personal, como también a través de terceros, con el caso específico de Medina Flores y Núñez Martino cuyos cheques fueron a través de terceras personas que también recurrieron al préstamo ofrecido por Rodríguez Pereira.
“Pedro Ángel Rodríguez Pereira, según nuestro conocimiento, así también es de público conocimiento en la ciudad de San Ignacio y todo el departamento de Misiones, se dedica a la actividad de prestamista de dinero, y en tal circunstancia entre los años 2018 al 2020 hemos acudido de diversas maneras a créditos ante el mismo, la cual se relatara de manera individual en cada caso en concreto, pero que en cada uno de los casos, el mismo ha otorgado el préstamo, la cual desde todo punto de vista jurídico fue y es usurario, ya que el mismo lo hacía con interés del 10 por ciento de interés mensual, y debiendo la amortización de capital ser en un solo pago, y hasta no devolver el capital se sumaban los intereses cada mes, llegando inclusive en algunos casos a llevar a la ruina a los denunciantes, y siempre exigía como garantía cheques, ya sean personales o de terceros y sin fecha de emisión ni pago”, dice la denuncia.
Luis Ideraldo Medina Flores fue denunciado por Rodríguez Pereira el 11 de junio de 2021 por el supuesto hecho de estafa y recayó ante el fiscal Diego Duarte, presentando varios cheques como garantías de préstamos, pero los cuales en su momento no tenían fecha de emisión ni de pago. Los cheques y préstamos son del año 2018, inclusive varios de los cheques ya fueron cancelados la totalidad. El ahora denunciado aguardó que se cancele primero la cuenta corriente, y luego ha rellenado la fecha de emisión y pago de los cheques, esto a fin de que el protesto ante el banco girado sea como una cuenta cancelada.
El caso de Catalino Evaristo Morínigo al necesitar dinero para una urgencia familiar en el año 2019, y como no tenía cuenta corriente ni chequera a su nombre, recurrió ante el denunciado con un choque de Medina Flores como garantía, motivo por el cual ha endosado el cheque, el cual también fue adjuntado a la denuncia presentada con el titular del cheque.
El mismo iba pagando los intereses, pero no podía devolver el capital en un solo pago, inclusive tuvo que recurrir a entregar otros cheques, tres en total, y en un principio iba pagando los intereses, y en los últimos tiempos realizaba los depósitos en la cuenta corriente de Rodríguez Pereira en el banco Familiar, Sucursal de San Ignacio, pero en ninguna de las ocasiones se le ha entregado recibido de pago o factura legal.
En el caso de Ariel Ramón Núñez Martino, fue demandado por Rodríguez Pereira mediante un juicio ejecutivo presentado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de San Ignacio, Misiones. La demanda es por diversos cheques emitidos, en el 2018, los cuales fueron entregados a una tercera persona, quien ha hecho el descuento de cheque o préstamos con el prestamista.
Y según testimonio de las víctimas impresas en la denuncia, el prestamista ya había cobrado supuestamente todos los cheques, razón por la cual nunca lo reclamó en juicio, pero a fin de intentar beneficiarse indebidamente presenta la acción ejecutiva, además estando ya prescripta el plazo de los 4 años para el inicio de la acción, presentando esta parte la correspondiente excepción de prescripción.
