El diputado renunciante, Orlando Arévalo, a través de su abogado Guillermo Duarte, denunció y pidió la imputación por supuesto prevaricato del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, por ordenar la extracción de datos de aparatos incautados en el caso «Pavo Real II» bajo una figura errónea, remitir parte de los datos a la Fiscalía y recién después otorgar la copia a las partes.
Duarte declaró que la Fiscalía debería allanar el despacho del magistrado, incautar las pruebas y también su teléfono celular.
Según el escrito, a partir del error procedimental de la Fiscalía, en el sentido de solicitar una pericia con el pedido de autorización judicial para acceder a probables elementos de prueba, el juez Legal «aprovechó» la oportunidad para acceder, pero por otro medio, el de anticipo jurisdiccional de pruebas, que nunca fue mencionado por el Ministerio Público en su escrito.
