El abogado César Manuel Bóveda denuncia la inacción de la Fiscalía y pide la imputación del empresario Reinaldo Benítez y de Julio César Martínez, conocido como el «rey de las estafas», quienes habrían inventado un juicio ejecutivo ante el juez suspendido Francisco Goiburú, con la intención de adueñarse de un vehículo de carga del cliente de Bóveda. Respecto al magistrado, el juicio oral en la causa por presunto prevaricato está fijado para los días 11 y 12 de junio a las 08:30hs.
“Goiburú fue denunciado y querellado por mí persona en representación de Rodolfo Vega por el hecho de prevaricato, por haber otorgado una orden de secuestro en contra de un camión que no tenía nada que ver con los procesos de los denunciantes. A este Juez se le imputó, se le acusó diligentemente por un trabajo realizado por la Fiscal Natalia Cacavelos y que ya fue elevado a juicio oral, pero los principales victimarios aquí son los que recurrieron al juzgado para hacerse con la orden de secuestro, Reinaldo Benítez Gómez y Julio César Martínez Isasi, el Rey de las Estafas” explicó el abogado.
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Bóveda explicó que la denuncia es por el hecho punible de apropiación, debido a que los señores Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez Gómez fraguaron un proceso fraudulento para obtener nada más la orden de secuestro para luego hacerse con el camión de su representado; una vez que lo obtuvieron, solicitaron el finiquito del juicio y dieron por cerrado el caso, según lo manifestado por el abogado.
Aparentemente, el magistrado habría admitido la promoción de la acción preparatoria de un juicio ejecutivo en base a un recibo de dinero, el cual, conforme a las disposiciones normativas establecidas en el Código Procesal Civil, no traería aparejada ejecución alguna, siendo la documental inhábil a dichos efectos. Según lo que sostiene la agente fiscal, el procesado dictó una resolución mediante la que dispuso los trámites para que el juicio ejecutivo se haga efectivo con base en documentos que carecerían de la fuerza requerida por la ley. Asimismo, menciona que el Juez Goiburú dictó el A.I sin los requisitos que legitimen la actuación jurisdiccional y violando así los artículos 439, 443, 448, 450 y 461 del Código Procesal Civil.
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El abogado refirió que el Fiscal Giovanni Grissetti, hasta el día de hoy, no presentó imputación en contra de las dos personas que promovieron el proceso fraudulento a dos años de haber iniciado la investigación por el perjuicio ocasionado a Rodolfo Vega, a pesar de que en la misma causa el Juez Goiburú ya deberá afrontar audiencia oral y pública. Ante la falta de acción, el abogado refirió que el Fiscal Grissetti solo se limita a decir que tiene mucho trabajo y no tiene tiempo de estudiar la causa.
“Mi cliente ni siquiera pudo recuperar su camión, hasta hoy no pudimos obtener la orden de secuestro o que por lo menos se designe un depositario y se resguarde el vehículo, el cual le costó Gs. 100.000.000. Le sacaron su única fuente de ingresos, porque él se dedicaba a recolectar aceite usado, ahora se quedó prácticamente en la calle, incluso pasó varios días sin comer” manifestó el abogado.
