La empresaria Liz Paola Doldán, sancionada por EE. UU. en 2021 por su participación en hechos de corrupción, habría presionado a través de operadores políticos a los miembros del Tribunal de Cuentas para suspender la concesión de un inmueble hecha a través de licitación pública a favor de la firma Big C S.A., según la denuncia.
La información señala que el magistrado Gonzalo Sosa Nicoli habría votado a favor de la medida cautelar en el marco del juicio “Estacionamiento del Este S.A. c/ Res. Nº 539 del 27/10/2025 c/ Res. Nº 635 del 28/10/2025 dictadas por la Municipalidad de CDE”, que apunta a suspender los efectos de la concesión. La empresaria habría divulgado la información de que tiene asegurada la mayoría en el Tribunal para obtener la medida.
El conflicto radica en que la firma accionante, Estacionamiento del Este S.A., ni siquiera participó de la licitación y pretendería el usufructo de la totalidad de la Finca Nº 2925, propiedad en disputa; sin embargo, los planos de la Dirección de Área Urbana municipal demuestran que su contrato solo abarca los Lotes A y B; los Lotes C y D pertenecen a cuentas catastrales distintas.
A esto se suma que la caución real ofrecida por la firma accionante, como garantía ante eventuales perjuicios económicos, es de G. 50.000.000, un monto considerado exiguo en relación con el impacto de la concesión en disputa.
De prosperar la medida, la postura del Tribunal de Cuentas sería contradictoria con la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, la cual determina que no corresponde otorgar medidas de urgencia cuyos efectos coincidan plenamente con el objeto de la demanda de fondo, para evitar lo que técnicamente se conoce como una sentencia anticipada.
