En una entrevista con PDS Radio, la abogada y activista de derechos humanos Marlene Orué relató los hechos de violencia sufridos por ella y sus compañeros durante un acto simbólico de memoria frente al Palacio de Justicia, en conmemoración al asesinato de Rodrigo Quintana. La manifestación, realizada el pasado 31 de marzo, fue reprimida violentamente por la Policía Nacional, según denuncia la Comisión Memoria Verdad y Justicia.
El acto consistía en una representación teatral pacífica y la entrega de una nota, junto con fotografías y libros vinculados al caso de Quintana, al Museo de la Justicia, en un intento por mantener viva su memoria ocho años después del crimen. Sin embargo, la intervención policial impidió el ingreso de los manifestantes, quienes aseguran haber sido empujados en reiteradas ocasiones por los agentes, provocando incluso la caída y lesión de la abogada Olga Paredes, quien ahora utiliza un botín ortopédico tras sufrir un traumatismo en el tobillo.
“La represión fue muy violenta y desmedida. Éramos de 10 a 15 personas en una escalera, haciendo un acto simbólico y pacífico. Pudo haber terminado en tragedia”, declaró la denunciante, quien responsabilizó directamente al comisario Ovelar y a un oficial, identificados como los principales responsables del operativo.
A pesar de haber sido las víctimas, siete de los manifestantes fueron posteriormente denunciados por la propia Policía, situación que la abogada califica como “revictimización” y un mensaje político claro: “Justicia y memoria no hay para ustedes”.
El incidente incluso desató un debate sobre el uso del espacio frente al Palacio de Justicia. Mientras el ministro de la Corte Suprema, Víctor Ríos, afirmó que se trata de un espacio privado, la denunciante sostiene que la Constitución Nacional está por encima de cualquier acordada administrativa. “Nosotros ni siquiera llegamos a la explanada, estábamos en la vereda, en un lugar público”, afirmó, denunciando además un uso político del argumento legal para justificar el accionar policial.
La denuncia presentada ante la fiscal Zully Figueredo incluye cargos por lesión grave, violencia contra la mujer, abuso de autoridad y producción de documentos públicos de contenido falso, ya que los policías denunciantes habrían presentado certificados médicos falsos para justificar su acusación contra los manifestantes.
“La policía inventó esa denuncia. Nosotros llevamos a nuestra compañera en silla de ruedas. Ellos al día siguiente estaban trabajando normalmente”, agregó la abogada. Desde la Comisión Memoria Verdad y Justicia aseguran que continuarán con su labor de recordar a Rodrigo Quintana y exigir justicia: “No nos van a silenciar. Le pese a quien le pese, vamos a seguir exigiendo justicia”.
