LA FISCALÍA NO PUEDE SER AGENCIA DE COBRANZAS
En abril pasado, la entonces fiscal Liliana Herenia Galeano formuló imputación en la causa caratulada “Gaspar Nicolás Dos Santos y otros s/ estafa y apropiación”. Imputación presentada contra tres ciudadanos uruguayos no residentes en el Paraguay.
Sospechosas actuaciones precedieron a lo que a todas luces se trataría de una denuncia encaminada a resarcir daños de materia civil, para lo cual se «arma una causa» dándose «características» penales a relaciones jurídicas netamente civiles.
Desde luego no es la primera vez que la Fiscalía es utilizada como “agencia de cobranzas”. Sospechosamente, la denuncia fue presentada el lunes 24 de abril de 2023 a las 08:15, pero la muy cuestionada exfiscal Galeano con «dotes de clarividencia», comunicó el inicio de investigaciones al juzgado Penal de Garantías un día antes, es decir el domingo 23 de abril a las 09:23:58, según el cargo electrónico respectivo.
Por si fuera poco, imputó y requirió prisión preventiva el mismo día en que ingresó la denuncia, a las 13:30, según el sello de la Oficina de Atención Permanente. Es decir, apenas cinco horas después. A partir de entonces, tanto la querella como el fiscal designado en sustitución de la anterior, abogado Luis Alberto Daniel Albertini, vienen insistiendo en la rebeldía y captura internacional de los imputados.
No es difícil concluir que se trata de un mecanismo de presión para que los extranjeros cumplan con una obligación contractual pendiente. De los tres imputados, Gaspar Nicolás Dos Santos, Jorge Daniel Méndez Maciel y Pablo González, la situación es todavía más injusta para este último, quien fue procesado a pesar de que según los documentos aportados por los mismos denunciantes, no tuvo participación alguna en el negocio jurídico celebrado entre estos últimos y el primero (compra de vacunas para el Covid).
González solo habría intermediado la recepción y entrega a Dos Santos de aportes de capital, por consenso de las partes. Gaspar Nicolás Dos Santos habría sido quien asumió el compromiso contractual de devolver tales aportes debido a que las vacunas, finalmente y por disposición gubernamental, no pudieron introducirse a Paraguay. Los imputados estarían solicitando la intervención diplomática de la Embajada de la República del Uruguay.
La decisión de suspender a la fiscal Stella Mary Cano debe ser comunicada a la Corte Suprema de Justicia. El Jurado resolvió rechazar la reposición presentada por la fiscal Stella Mary Cano, con ello ya no hay impedimento para que se comunique a la Corte su enjuiciamiento y pedido de suspensión que hace más de dos meses está «en trámites administrativos» en el órgano juzgador de magistrados.
Llamativamente faltaban firmas de los miembros que participaron de la sesión en la que se decidió el enjuiciamiento de la cuestionada fiscal Cano, si bien todo parecería una excusa sino fuera por la abrumadora lentitud que precede al órgano que duramente critica la mora de algunos magistrados e incluso sanciona y quiere seguir sancionando a fiscales que no presentan desestimaciones «a tiempo».
Recordemos que el 27 de junio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un enjuiciamiento con suspensión en sus funciones de la agente fiscal Stella Mary Cano por haber presuntamente actuado en forma irregular en el sonado caso Mocipar. La solicitud para enjuiciarla fue expuesta por el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo.
