En el operativo Jetypeka III, ejecutado por la Policía Antisecuestro y la Fiscalía, con apoyo del Ministerio de Justicia; fueron detenidas 5 personas por una extorsión realizada a un ciudadano de San Alberto, en Alto Paraná. Cuatro personas privadas de libertad también estarían involucradas en el hecho y ya fueron aisladas de la población penitenciaria.
Se realizaron 5 allanamientos, lográndose así la detención de varias personas, entre los que se encuentran dos agentes penitenciarios que prestaban servicio en el penal de Ciudad del Este. Los detenidos son: Freddy González; Adolfo Paredes; Gloria Cantero; Jonas De Amaral Bentos; Liza Gutierrez.
Los reclusos presumiblemente implicados en las extorsiones serían Adilson Marques, Ramón Fretes Viveros, Ángel Gabriel Colmán y Édgar Ferreira. Mientras Marcio Cuadra Caetano sería la persona que facilitó informaciones sobre la víctima, según los datos.
Según la investigación, personas en en idioma portugués llamaban a amenazar con secuestrar y matar a algún miembro de la familia de la víctima en caso de no acceder al pedido de pago de 10.000 dólares, dinero que en parte fue depositado a distintos números telefónicos.
La víctima venía recibiendo mensajes de textos y audios de amenazas de secuestro o asesinato a algún miembro de su familia en caso de no acceder al pedido de dinero ya mencionado. La víctima realizó varios giros de dinero a distintos números. Luego recibió otras amenazas de muerte a familiares de no cumplir con la entrega de 100.000 dólares por no haber cumplido con su palabra.
Los internos de la Penitenciaría de Ciudad del Este que exigían el pago y amenazaban de secuestro a un colono brasileño. El cobro se hacía en una farmacia de Hernandarias, en Alto Paraná.
También fue una aprehendida, Liza Graciela Gutiérrez, propietaria de la farmacia Astral, ubicada en el barrio San Francisco de Hernandarias, que fue allanada en la mañana de este martes. El grupo sería imputado por los hechos punibles de extorsión, extorsión agravada y coacción por los fiscales Zunilda Ocampos y Federico Delfino.
La ministra de Justicia Cecilia Pérez acompañó los procedimientos realizados en la madrugada y mañana de hoy en el Este del país. En conferencia de prensa, la ministra Pérez informó que la requisa de los teléfonos que estaban manejando los ahora detenidos se hizo con funcionarios del Ministerio de Justicia. “Estos funcionarios detenidos son contratados, y van a dejar de pertenecer a la institución. No nos podemos dar el lujo de tener personas con este tipo de sospechas. Si bien ellos están imputados y se presume su inocencia, los elementos técnicos que tiene la investigación son considerablemente contundentes como para que nosotros podamos tomar esta decisión. La investigación será más amplia, y cualquier información interna que obtengamos será acercada a los investigadores. Son dos investigaciones paralelas, pero siempre trabajamos de manera coordinada”.
