El Juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, desestimó de la denuncia presentada contra la Juez Rosarito Montanía por presunto prevaricato; la denuncia fue presentada por el abogado Marciano Lobo Corbeta.
La denuncia estaba basada en la presunta violación del artículo 305 del Código Penal, el cual establece las penas para aquellos funcionarios que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resuelvan violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes.
En el análisis de la tipicidad objetiva del caso, se determinó que la Juez Montanía estaba facultada para actuar en el marco de su competencia como titular del Juzgado Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno. Además, se constató que su decisión se basó en las atribuciones conferidas por ley, específicamente en relación con la autorización de intervención de comunicaciones, como lo permite el artículo 200 del CPP y el artículo 88 modificado por la Ley 1881/02.
El fallo judicial señaló que la actuación a la Juez Montanía no constituía una violación del derecho, ya que su decisión estuvo debidamente fundamentada en las solicitudes del Ministerio Público y en la evidencia presentada por la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD). Se concluyó que la intervención de la línea telefónica en cuestión estaba respaldada por razones legales y probatorias.
En este sentido, se determinó que no se configuraba el elemento objetivo del prevaricato, ya que la actuación de la jueza no se apartó de lo establecido por la ley de manera grosera o manifiestamente contraria a la misma. Por lo tanto, se desestimaron las acusaciones en su contra y se dictaminó su absolución conforme al requerimiento fiscal y a lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal.
