En el marco de la causa DETAVE, en la audiencia preliminar llevada a cabo el 27 y 28 de febrero del 2025, el Juzgado a cargo del Juez Rodrigo Estigarribia resolvió aplicar la suspensión condicional del procedimiento a favor de Abel Enrique Armoa Pereira, acusado de cohecho pasivo agravado y contrabando simple. La decisión se basa en el cumplimiento de los requisitos legales y el consentimiento del Ministerio Público.
Abel Enrique Armoa Pereira fue acusado por el Ministerio Público, representado por los fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera, de ser cómplice de cohecho pasivo agravado y coautor de contrabando simple. Según la acusación, Armoa, quien trabajaba como secretario privado de Oscar Samudio en un puesto de control aduanero, participaba en un esquema de solicitud y recepción de dinero a cambio de no retener mercaderías transportadas irregularmente. El Ministerio Público presentó audios, transcripciones y pruebas obtenidas en allanamientos para fundamentar la acusación.
La defensa de Abel Armoa solicitó la suspensión condicional del procedimiento, argumentando que los delitos imputados son susceptibles de esta medida según el Código Penal. Armoa admitió el hecho a los efectos de ser beneficiado con la suspensión, sin que esto implique una confesión. Se destacó que Armoa no tiene antecedentes penales, tiene un trabajo estable, es joven, tiene un hijo a su cargo y se ha sometido a las medidas alternativas impuestas por el Juzgado. Además, se ofreció una reparación social de Gs. 15.000.000.
El Juzgado resolvió hacer lugar al incidente de suspensión condicional del procedimiento por un plazo de dos años 4. Se calificó la conducta de Abel Enrique Armoa Pereira como cómplice de cohecho pasivo agravado y autor de contrabando simple. Se impusieron reglas de conducta, incluyendo la prohibición de cambiar de domicilio o salir del país sin autorización, la obligación de comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución y la obligación de pagar Gs. 15.000.000 para el tratamiento de la esclerosis múltiple de Kellen Larisa Areco Lima. Se levantaron todas las medidas cautelares impuestas a Armoa.
Los fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera acusaron y solicitaron la elevación a juicio oral y público una causa contra 19 personas procesadas por formar parte del presunto mecanismo montado en la extinta DETAVE, para el cobro de coimas por el ingreso de mercaderías de contrabando. Los hechos acusados son contrabando agravado, cohecho pasivo agravado y soborno.
La causa guarda relación con la investigación iniciada entre marzo y abril del año 2019 mediante escuchas telefónicas autorizadas, que dieron cuenta del esquema presumiblemente liderado por el General retirado Ramón Benítez, cuyo juicio oral debió iniciar el lunes pasado, pero fue suspendido. La acusación es contra 8 funcionarios de Aduanas, 6 secretarios privados, 3 agentes de la Policía Nacional y 2 comerciantes que habrían participado del negociado y entrega del dinero.
Los acusados son Juan Carlos Samudio Legal, Hugo Mario González Ovelar, Rafael Portillo, Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, Saúl Daniel Alarcón Moline, Ángel Enmanuel González Cáceres, Alberto Ledesma Sánchez, Víctor Alfredo Duarte Caballero de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La lista continúa con los secretarios privados Concepción Olmedo Giménez, Pedro Carlos Delvalle Marecos, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez y Adalberto Figueredo Vázquez.
