El agente fiscal de Luque, Jorge Escobar, supervisó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de la investigación de un presunto hecho de estafa por Gs. 50 millones, que tuvo como víctima a un gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Los procedimientos se llevaron a cabo tanto en una vivienda particular como en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde se presume se originó el esquema delictivo.
Según los informes fiscales, la estafa se perpetró el pasado 01 de julio del corriente año, cuando personas privadas de libertad (PPL) recluidas en Tacumbú habrían contactado a la víctima mediante llamadas telefónicas, simulando la gestión de una donación millonaria destinada a la Basílica de Caacupé. La víctima, engañada por el relato, entregó el dinero solicitado.
Aparentemente un preso de de la Penitenciaría de Tacumbú estafó al gerente general administrativo de la APF, Hugo Kuroki, haciéndose pasar por el monseñor Edmundo Valenzuela, pidiéndole una donación de Gs. 50 millones para refaccionar y pintar la Basílica de Caacupé.
Durante los allanamientos, las autoridades lograron la detención de dos mujeres de 26 y 18 años, quienes estarían implicadas en el esquema de estafa aparentemente coordinado desde el centro penitenciario. Además, se intervinieron dos celdas del Pabellón “D”, como parte de las medidas de investigación. Entre los elementos incautados se encuentran teléfonos celulares, documentos y cuadernos con anotaciones, que serán sometidos a pericias técnicas y análisis forense, a fin de esclarecer la participación de los detenidos y el modus operandi del delito.
El fiscal Escobar señaló que la investigación continuará de manera rigurosa, coordinando con la Policía Nacional y otras autoridades competentes, para garantizar el esclarecimiento total de los hechos y la identificación de todos los responsables vinculados a este presunto fraude. Las diligencias forman parte de un esfuerzo del Ministerio Público por combatir delitos ejecutados desde el sistema penitenciario, reforzando los controles sobre la comunicación de las personas privadas de libertad y evitando que se utilicen los recursos del Estado y la confianza ciudadana para actos ilícitos.
