La Juez Diana Carvallo decretó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Avalos, imputado el 30 de setiembre del 2006 por tentativa de coacción sexual de una mujer de 86 años, junto a su hermano que aún continúa prófugo de la justicia. Fue declarado en rebeldía el 09 de diciembre del 2008 y capturado 17 años después.
Tras permanecer prófugo durante 16 años, Inocencio Cabrera Ávalos, de 60 años, fue detenido en cumplimiento de una orden de captura emitida en 2008 por el caso caratulado como “Tentativa de Coacción Sexual”. Cabrera Ávalos, junto a su hermano Máximo, está acusado de intentar someter sexualmente a una mujer de 86 años en un hecho ocurrido en septiembre de 2006 en la vivienda de la víctima en el barrio.
De acuerdo con el relato de los hechos, los hermanos Cabrera Avalos, aprovechando un encuentro familiar donde se consumían bebidas alcohólicas, habrían intentado agredir a la anciana. Al ser sorprendidos, habrían atacado violentamente al dueño de casa Pedro Espínola Giménez y a otro hombre, Higinio González, quienes intentaron intervenir. La agresión incluyó amenazas con un arma blanca y provocó lesiones a los intervinientes.
La detención de Cabrera Ávalos fue comunicada al juzgado por la Comisaría 14 Central de Villeta. Durante la audiencia celebrada el 14 de enero del 2025, la defensa del imputado solicitó arresto domiciliario, argumentando que la prisión preventiva debería ser una medida excepcional. Sin embargo, el juzgado rechazó la solicitud y ordenó su reclusión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, citando la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la prolongada evasión de la justicia por parte del procesado.
El magistrado también destacó la existencia de suficientes elementos que vinculan a Cabrera Ávalos con el hecho punible, incluyendo testimonios de las víctimas y documentos policiales. Además, subrayó que el imputado enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión en caso de ser condenado, lo que refuerza la decisión de mantenerlo bajo custodia mientras se sustancia el proceso judicial.
El caso, que ha causado conmoción en la comunidad por las circunstancias del delito y la prolongada huida del procesado, será llevado a audiencia preliminar el próximo 04 de marzo del 2025, donde se decidirá si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
