El juez Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento definitivo de Hugo Javier Vallejos Rivas y Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, agentes policiales procesados por supuestamente levantar código rojo de Gianina García, esposa de Sebastián Marset, involucrados en el caso A Ultranza.
Ambos fueron procesados por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal; y realización del hecho por funcionarios.
La decisión se dio luego de que la fiscal adjunta Matilde Moreno ratificara el pedido de la agente fiscal Ruth Benítez, con la conformidad de la fiscal Irma Llano.
El Ministerio Público sostuvo que, pese a las diligencias realizadas durante la investigación y tras un sobreseimiento provisional previo, no se obtuvieron elementos probatorios suficientes para sostener una acusación contra los procesados.
En el caso de Vallejos, testimonios de funcionarios de la OCN Asunción indicaron que no se encontraba en las oficinas de Interpol cuando ocurrieron los hechos investigados, mientras que respecto a Ruiz Díaz se concluyó que ni siquiera prestaba servicios en ese lugar, por lo que no fue posible acreditar su participación.
La sospecha inicial apuntaba a que Hugo Javier Vallejos Rivas y Kevin Eduardo Montiel Sanabria, agentes de la Interpol Asunción, habrían utilizado el usuario «nso.paraguay.py», que no está asignado a persona física alguna, para supuestamente eliminar notificaciones de las órdenes de capturas a nivel internacional con alerta roja, de la base de datos del sistema “i24/7″, correspondientes a Gianina García Troche y José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, expareja y secretario, respectivamente, de Sebastián Marset.
Sobre la oficial Clara Ruiz Díaz, las pesquisas determinaron que sus hermanas habían solicitado créditos en fechas cercanas a los hechos investigados, uno por G. 15.278.205 el 31 de julio de 2023, y otro por G. 19.300.000 el 19 de enero de 2024. Un dictamen pericial del Laboratorio Forense determinó que las mejoras en la vivienda, que pertenece a su padre, ascendían a G. 26.026.000, cifra que resulta compatible con los préstamos obtenidos. A esto se le suma que la misma no es funcionaria de Interpol y, por lo tanto, no tenía posibilidad técnica de ingresar al sistema informático de la Interpol Asunción.
