Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes no se expiden sobre una casación que presentó la defensa del intendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza (PLRA), acusado por la fiscalía por un desvió de G. 715 millones. El recurso extraordinario se presentó hace seis meses, el 16 de abril pasado, pero hasta hoy no fue resuelto por los miembros del alto tribunal, quienes con su dilación frustran el inicio del juicio oral por corrupción pública.
Los ministros exigen celeridad a los jueces, pero ellos son incapaces de fallar en plazo en los casos que llegan a la máxima instancia para su estudio.
El mencionado monto, G. 715 millones, debía ser destinado a obras y a merienda escolar, a pesar de ello, los ministros de la Sala Penal no destraban la causa para que el político sea juzgado en juico oral.
El recurso de casación fue presentado por la abogada Sandra Landoni el pasado 16 de abril y, en el escrito, la misma ataca el Auto Interlocutorio n° 228 de fecha 17 de febrero de este año, a través de dicha resolución la jueza de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, elevó la causa a juicio oral y público. El escrito de la magistrada ya fue recurrido en segunda instancia a través de una apelación general, pero el Tribunal de Apelación de Central declaró inadmisible el recurso.
El juicio oral para el político liberal ya cuenta con una suspensión por la inacción de los ministros, ya que el tribunal de sentencias de Luque fijó para el 10 de septiembre pasado el inicio del juzgamiento, no obstante, los jueces de sentencia se vieron en la necesidad de suspender el juicio ante la existencia de la casación pendiente de respuesta en la Corte.
Faltante millonario en Fonacide y Royalties en dilatada causa
La acusación del Ministerio Público sostiene que el jefe comunal de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, incurrió en el delito de lesión de confianza supuestamente al mal direccionar los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y fondos de los roylties. Dichos fondos debían ser destinados para la provisión de merienda escolar y a la construcción de aulas en instituciones educativas, pero según la Fiscalía “desaparecieron”.
Mendoza fue denunciado en el 2015 por integrantes de comisiones vecinales de la comuna por su mal desempeño durante su gestión en el mismo año. Según sostiene la Fiscalía, se produjo un perjuicio patrimonial de G. 715.303.500, que fue corroborado con informes periciales contables, auditoría externa y a través de informes de la Contraloría General de la República como así también del Ministerio de Hacienda.
Además, se detectaron irregularidades en la construcción de aulas y en la provisión de la merienda escolar en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de la ciudad de San Antonio. A raíz de las denuncias e informes, la fiscal María José Pérez imputó a Raúl Mendoza el 22 de septiembre del 2016.
Asaltado y sin rekutú
En la mañana del 20 de junio pasado, día en el que se realizaron las internas partidarias, Mendoza fue víctima de un violento asalto frente a su vivienda. Los asaltantes lo despojaron de unos G. 200 millones, que según el propio iban a ser utilizados en la jornada electoral, en la cual buscaba ser el candidato del PLRA de cara a las elecciones municipales del 10 de octubre, pero finalmente terminó perdiendo y quedó con las manos vacías.
El caso fue muy sonado e incluso el Ministerio Público designó un equipo de fiscales para iniciar una investigación para saber el trasfondo del millonario asalto. El intendente de San Antonio refirió en su momento que, del monto robado, G. 90 millones le pertenecían a él y que el resto era producto de los ahorros de su madre.
