El diputado Raúl Benítez presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados promueva una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los camaristas Delio Vera Navarro (actualmente jubilado) y Bibiana Benítez Faría, a quienes atribuye haber dictado un sobreseimiento irregular en favor del senador Hernán Rivas.
La iniciativa surge tras el fallo emitido por el tribunal de alzada que benefició a Rivas en la causa que investigaba la presunta utilización de un título de abogado de contenido falso. Según el parlamentario, la decisión judicial no solo favorece al legislador, sino que también tendría implicancias más amplias en el sistema jurídico.
El diputado Benítez sostuvo que el fallo constituye un “precedente grave” en materia penal, particularmente en lo relacionado con la producción y utilización de documentos presuntamente falsos. En ese sentido, consideró que la resolución podría dificultar futuras investigaciones en casos similares.
El diputado afirmó que la Cámara de Diputados debe intervenir institucionalmente mediante la presentación de la denuncia ante el JEM, órgano encargado de juzgar la conducta de magistrados. A su criterio, corresponde analizar si existieron irregularidades en el desempeño de los camaristas al dictar el sobreseimiento.
Asimismo, cuestionó el alcance del fallo, señalando que, en su interpretación, podría debilitar los mecanismos de control sobre la validez de títulos profesionales. En ese contexto, advirtió sobre eventuales consecuencias para la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema judicial.
Benítez también hizo referencia al contexto institucional en el que se produjo la decisión, mencionando cambios recientes en cargos dentro del ámbito judicial. Si bien evitó profundizar en detalles, dejó entrever dudas sobre posibles factores externos que habrían incidido en el resultado del caso.
Por otro lado, insistió en que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe priorizar el análisis de este tipo de situaciones, atendiendo al impacto que pueden tener en la administración de justicia. Señaló que el organismo tiene la responsabilidad de evaluar con objetividad la conducta de los jueces involucrados.
Hasta el momento, no se ha informado sobre el tratamiento que dará la Cámara de Diputados al proyecto presentado ni sobre eventuales pronunciamientos de los camaristas mencionados respecto a las críticas formuladas. El caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y jurídico, mientras se aguardan definiciones institucionales sobre la posible intervención del JEM y el futuro del proceso.
