La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión de la licitación para la adquisición de mobiliario escolar en la Municipalidad de Ciudad del Este, tras denuncias de presuntas irregularidades en el proceso. La decisión fue tomada luego de que la entidad recibiera reclamos de potenciales proveedores, quienes señalaron inconsistencias en los costos de referencia y en las especificaciones técnicas de los mobiliarios.
Según la resolución DNCP N° 780/25, se ha abierto un procedimiento de investigación de oficio para verificar la legalidad del proceso. Entre los puntos cuestionados, se destaca que supuestamente los precios de los artículos a adquirir no se ajustan a los valores de mercado y que los antecedentes utilizados para determinar los costos de referencia provendrían de empresas sin historial en la provisión de este tipo de bienes. Además, se menciona que las muestras de los productos exigidas en la licitación debían ser presentaciones en un plazo considerado irrazonable, lo que podría limitar la participación de oferta.
El director nacional de la DNCP, Agustín Encina, designó a la abogada Rebecca Thompson como responsable de la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el proceso de contratación. Asimismo, la entidad recordó que, conforme a la Ley 7021/2022 y su decreto reglamentario, tiene la facultad de suspender licitaciones cuando existan indicios de irregularidades que puedan ocasionar un perjuicio al Estado.
Sin embargo, este caso ha generado controversia, ya que una denuncia con características similares fue presentada contra un proceso de licitación en la Municipalidad de Asunción, pero no recibió la misma respuesta. A pesar de los reclamos sobre supuestos sobrecostos y direccionamiento de la compra, la DNCP no suspendió la licitación ni abrió una investigación de oficio, lo que ha despertado críticas sobre la falta de criterios uniformes en la aplicación de las normativas. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre un posible trato diferenciado entre municipios y ha puesto en debate la imparcialidad de los órganos.
La investigación continuará en los próximos días y se espera que su resultado determine si la Municipalidad de Ciudad del Este deberá reformular el proceso o, en su defecto, cancelarlo definitivamente.
