El juez Yoan Paul López otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Alicia Silva Medina, quien aceptó haber utilizado un título y un certificado de estudios falsos para obtener la matrícula de maestra de educación escolar básica.
La defensa, ejercida por el defensor público Miguel García de la Cruz, solicitó la salida alternativa por el plazo de doce meses, señalando que la acusada admitió los hechos a los efectos de ser beneficiada procesalmente, planteamiento al que se allanó la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación, el caso se originó cuando el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizó en 2023 un Concurso de Oposición para el programa “Jornada Escolar Extendida”, marco en el cual se detectaron las irregularidades de la mujer. Silva Medina había solicitado su matrícula de educador profesional el 28 de julio de 2020 a través del sistema electrónico de gestión de expedientes (SUGE), adjuntando en formato PDF las imágenes escaneadas de su supuesto título de Licenciada en Ciencias de la Educación y su certificado de estudios, presuntamente expedidos por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA). Esto le había permitido acceder a la Matrícula Profesional N.º 127.187 en abril de 2022.
Sin embargo, la Dirección de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación detectó posteriormente que el documento presentado no se encontraba asentado en ningún libro y que los datos del sello ni siquiera correspondían a los formatos de esa oficina. Tras las consultas, las autoridades de la UAA confirmaron de forma categórica que la mujer no es egresada de dicha institución.
El magistrado expuso que es innecesario colapsar el sistema de justicia para hechos de esta naturaleza que no merecen ser debatidos en un juicio oral, atendiendo además la falta de interés de la Fiscalía en seguir con la acción penal pública y que la sanción, en caso de ser impuesta, no superaría los dos años de pena privativa de libertad. Por ello, consideró ajustada a derecho la salida alternativa.
Como reparación social del daño, el juzgado le impuso la obligación de donar G. 150.000 de forma mensual durante un año a una parroquia. Asimismo, Silva Medina tiene prohibido salir del país sin autorización expresa, cambiar el domicilio denunciado en autos sin previa comunicación y, fundamentalmente, cometer otros hechos punibles.
El magistrado también ordenó que comunique al Ministerio de Educación la exclusión de su título y la cancelación de su matrícula de docente.
