El agente fiscal Alberto Torres Flores presentó acusación formal contra los docentes Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona, por su presunta implicancia en los delitos de estafa y producción de documentos no auténticos. El requerimiento fue remitido al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, solicitando la elevación de la causa a juicio oral.
Los hechos se remontan a febrero del año 2018, cuando Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar se matricularon en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede Mayor Otaño, para cursar el Profesorado en Educación Escolar Básica (1.º y 2.º Ciclos). Aunque las estudiantes completaron sus estudios y recibieron certificados académicos, en el año 2021 se les notificó que dicha carrera no contaba con la acreditación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). En consecuencia, solo se les otorgó el título de Licenciadas en Educación Inicial.
Aprovechándose de esta situación, los acusados, ambos con experiencia en el ámbito educativo, habrían contactado a las afectadas y les ofrecieron una solución que consistía en obtener el título requerido a través del Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, con sede en Lambaré. Según la investigación fiscal, los docentes convencieron a las víctimas de abonar Gs. 25.000.000 en concepto de “convalidación de materias”, afirmando que ese monto cubriría todo el trámite.
El pago se efectuó el 30 de noviembre del 2021 en Los Cedrales. En esa misma fecha, las víctimas recibieron documentos supuestamente emitidos por el citado instituto, incluyendo certificados y títulos académicos. Sin embargo, posteriormente se constató que eran falsos.
Peor aún, Genaro Martínez Moreno habría completado formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con datos adulterados, incluyendo firmas falsificadas de las propias afectadas. La documentación fue ingresada en el sistema SIGMEC del MEC, lo que derivó en un nuevo conflicto cuando la institución detectó las irregularidades y apercibió a las docentes por intentar validar títulos fraudulentos.
Frente a los reclamos, uno de los acusados intentó justificar los hechos como un “error administrativo” que nunca fue corregido. Ante esta situación, las víctimas decidieron denunciar el caso ante el Ministerio Público. El fiscal Torres concluyó la investigación preparatoria con respaldo en diversos elementos probatorios, entre ellos declaraciones testificales, pericias documentológicas y documentos oficiales. En su acusación, solicitó que los acusados enfrenten juicio oral por los hechos atribuidos.
