El Procurador General de la República, Marco Aurelio González, habló con PDS Radio acerca del caso conocido como “Invasores VIP” y refirió que dos personas que ocupaban el complejo “Jardines de Remansito” entregaron sus llaves a la Procuraduría. Los ciudadanos fueron identificados como Hugo Berhtold Friesen y Berthold Penner.
Señaló que los mismos se presentaron junto con su abogado Juan Claudio Gaona ante el juzgado a cargo del Dr. José Villalba, donde se están realizando diligencias preparatorias para conocer la identidad de las personas que están ocupando las tierras pertenecientes al Estado y el carácter en el que las están ocupando, para poder iniciar las acciones legales correspondientes, con certeza de los derechos que habrán de ejercerse.
“Lo primero que tenemos como hipótesis es una acción de reivindicación sin descartar otras acciones, como por ejemplo el desalojo o, si existen sospechas de la comisión de hechos punibles, hacer la denuncia ante la Fiscalía” agregó.
Explicó que no puede haber un juicio de usucapión por parte de los ocupantes debido a que el transcurso del tiempo o la posesión de la propiedad o bienes públicos no genera adquisición por el transcurso del tiempo, los bienes públicos no pueden ser adquiridos mediante usucapión.
Con relación al decreto administrativo firmado por el entonces Presidente Luís González Macchi en el año 2001, mencionó que el mismo era el camino para llegar a algo que terminó de perfeccionarse; era un acto administrativo que tenía la intención de pasar el inmueble al dominio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que no llegó a materializarse.
Sobre la situación de los ocupantes que aseveran poseer documentos emanados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Procurador manifestó que ni siquiera se pudo traspasar la propiedad desde el Ministerio de Defensa al de Agricultura, por ende, no se pudo traspasar del Ministerio de Agricultura al INDERT y, cualquier título que hubiera expedido tanto el INDERT como el municipio de Villa Hayes, carece de valor ya que el propietario de las tierras es el Estado paraguayo a través del Ministerio de Defensa.
“La Procuraduría, con todo lo resuelto por expresa y clara determinación del Presidente de la República, va a agotar todos los recursos legales para que la posesión de esos inmuebles vuelva al Estado paraguayo. Si se detectan irregularidades de las documentaciones instrumentales que vamos reuniendo, también se va a deslindar la responsabilidad” comentó.
