La juez Alicia Pedrozo elevó a juicio la causa contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya por lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por presuntamente haber distribuido contenido sexual sin consentimiento. El proceso inició tras el Operativo Duck Sex Games, realizado en julio del 2024.
El juzgado rechazó los incidentes de nulidad y sobreseimiento definitivo planteados por la defensa y admitió la acusación del Ministerio Público. La juez levantó el arresto domiciliario de Montanaro y le concedió la libertad.
La agente fiscal Diana Gómez Cuenca sostuvo que Montanaro compartió archivos de carácter sexual a través de WhatsApp y otras plataformas digitales, exponiendo a la víctima en momentos íntimos. Además, se reveló que el imputado administraba páginas web y perfiles en redes destinadas a la difusión de contenido sexual, desde donde también habría compartido el material.
Por su parte, los abogados de la querella María Angelina Luna Pastore y Pedro Mayor Martínez, remarcaron que la víctima se negó en reiteradas ocasiones a que esas imágenes fueran utilizadas con fines económicos. Afirmaron que Montanaro actuó con dolo, publicando y comercializando los archivos pese a las negativas de la mujer.
Durante la audiencia, la querella insistió en que el caso refleja un claro ejemplo de vulneración al derecho a la comunicación y a la imagen, contemplado en el Código Penal. Asimismo, solicitó la modificación de las medidas cautelares impuestas al imputado, incluyendo la prohibición de salir del país y de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.
En contrapartida, la defensa técnica del imputado, encabezada por el abogado Daniel Schreiber, planteó incidentes procesales y pidió el sobreseimiento definitivo, alegando que la víctima estaba en conocimiento y habría consentido parte del intercambio de material íntimo. Presentó además conversaciones y audios extraídos de pericias digitales, con el fin de demostrar un supuesto acuerdo entre ambos.
Tanto la Fiscalía como la querella buscan que Montanaro enfrente un juicio oral por la lesión al derecho a la comunicación y a la imagen, mientras la defensa apuesta a probar su inocencia. La resolución final sobre la apertura del juicio será dictada en los próximos días.
